Responsabilidades penales de las empresas

El pasado 1 de julio de 2015 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015, por la que se modifica el Código Penal. Esta reforma incide de forma profunda en la regulación del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas y, por tanto, también en la de los miembros del órgano de administración.


Antecedentes

La regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es bastante reciente en el ordenamiento jurídico español, si bien en Europa se ha ido extendiendo desde el Corpus Iuris (1997/2000) para la Protección de los Intereses Financieros de la Unión Europea (UE).


En España, su introducción se produjo por medio de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio de Reforma del Código Penal, con la justificación de ser una demanda de los Convenios Internacionales suscritos por el país.


Principales consecuencias y obligaciones

  • Responsabilidad penal por actos de terceros

La nueva redacción del apartado primero del art. 31 bis dispone que las personas jurídicas serán penalmente responsables de:

a) los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que estén autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.

b) los delitos cometidos por los empleados en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, cuando los responsables no hubieran cumplido sus obligaciones de supervisión, vigilancia y control.

  • Exención de dicha responsabilidad

I. Presupuestos

Así como la ley recoge una serie de supuestos en los que la persona jurídica puede ser responsable penalmente, también prevé la exención de dicha responsabilidad cuando se cumplan una serie de condiciones (art. 31 bis .2):

Que el órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;

Que el funcionamiento del modelo de prevención implantado haya sido confiado a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica

Que los autores individuales hayan cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y,

No se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2º.


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II. Mecanismo de exención: planes de prevención penal o compliance programs

Lo que la ley busca al establecer los presupuestos para la exención de la responsabilidad penal es que sean las empresas las que, de manera proactiva, eviten la comisión de delitos en su seno.

En este sentido, los planes de prevención penal o compliance programs, a los que la ley se refiere con “modelos de organización y gestión”, son el principal instrumento con el que cuentan las empresas para eludir la responsabilidad penal.

Dichos programas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.

Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.

Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.

Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.

Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.

Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.

III. Implementación de un órgano de control de dichos planes de prevención

Como se señalaba anteriormente, no basta con el establecimiento de un plan de prevención penal sino que éste debe ser controlado y supervisado por un órgano independiente, que podrá estar compuesto por personas ajenas o de la propia persona jurídica.

No obstante, salvo para las personas jurídicas que estén autorizadas para presentar cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas, esté órgano no podrá ser el órgano de administración de la sociedad.

Consecuencias

Para la empresa

La no implantación de los planes de prevención penal, o la no supervisión de éstos por un órgano de control autónomo, significará un delito directo por el incumplimiento de las responsabilidades penales de las empresas.

Para los miembros del órgano de administración

Las consecuencias penales no recaen de forma exclusiva en la empresa ya que éstas pueden ser objeto de derivación en los miembros del órgano de administración de forma que pasen a ser responsables a título personal de la conducta delictiva, tanto de forma penal (delito de comisión por omisión) como civil (responsables de las consecuencias patrimoniales de su omisión).


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