Novedades sobre el fondo de comercio

El pasado 21 de julio se publicó en el BOE la nueva ley de Auditoría de Cuentas ( Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas). A pesar de que ha pasado desapercibida, esta reforma afectará al tratamiento contable del fondo de comercio para las empresas que se rijan por el Plan General Contable a partir del 1 de enero de 2016.




En este sentido, la disposición final primera establece que los inmovilizados intangibles son activos de vida útil definida y que cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez años, salvo que otra disposición legal o reglamentaria establezca un plazo diferente.


Además se recoge que el fondo de comercio únicamente podrá figurar en el activo del balance cuando se haya adquirido a título oneroso, presumiéndose, salvo prueba en contrario, que la vida útil del fondo de comercio es de diez años.


Como consecuencia de esta nueva regulación se modifica también el art. 12.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2016, quedando regulado de la siguiente forma:

“El inmovilizado intangible se amortizará atendiendo a su vida útil. Cuando la misma no pueda estimarse de manera fiable, la amortización será deducible con el límite anual máximo de la veinteava parte de su importe. La amortización del fondo de comercio será deducible con el límite anual máximo de la veinteava parte de su importe“

Por tanto, para el año 2016, el fondo de comercio se tratará desde un punto de vista:

  • Contable: se amortiza con carácter general durante un periodo de 10 años salvo que se pruebe lo contrario.

  • Fiscal: se amortiza con el límite anual máximo de la veintava parte de su importe.

Estas novedades sobre el fondo de comercio disminuirán los beneficios empresariales y consecuentemente a la capacidad de distribución de dividendos. Por el otro lado, permitirá que las empresas amorticen el fondo de comercio en el plazo de 10 años sin el coste de comprobar y justificar el deterioro real.


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