Medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

Actualizado: jun 22

Para hacer negocios en cualquier parte del mundo es necesario conocer y estar al tanto de todos los lineamientos, obligaciones y plazos que intervienen en esa región sobre las operaciones comerciales. En este artículo te informaremos acerca de cuáles son las implicaciones a la hora de cobrar o facturar en España, qué documentos son indispensables y cuáles garantías e intereses por demora pueden afectar a tu empresa.


La Directiva 2011/7/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de gestión de cobros y lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales está contenida en el Derecho Español, en la Ley 3/2004, de 29 diciembre. Esta Ley es aplicable a los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas:

  • Entre empresas (entendiendo por tales también a los empresarios individuales y a los profesionales independientes).

  • Entre empresas y la Administración.

  • Entre contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas (Arts. 1 y 3-1).


En cambio, la Ley, no es aplicable a: (i) los pagos efectuados en las operaciones comerciales en las que intervengan consumidores; (ii) los intereses relacionados con la legislación en materia de cheques, pagarés y letras de cambio y los pagos de indemnizaciones por daños, incluidos los pagos por entidades aseguradoras, y iii) las deudas sometidas a procedimientos concursales, que se regirán por lo establecido en la Ley Concursal (Art. 3-2).

Es importante tener en cuenta que para determinar el régimen legal aplicable, puede que sea necesario acudir también a otras normas específicas. Es el caso de las relaciones contractuales con las Administraciones Públicas y las relaciones desarrolladas en el ámbito del comercio minorista. En estos casos, además de tener en cuenta la Ley 3/2004, habrá que acudir también, según el tipo de relación de que se trate, a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y a la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

Plazos de pago

Si no se ha fijado otro plazo de pago dentro del contrato, este se estipula en 30 días naturales desde la recepción de las mercancías o prestación de los servicios. Por ello es relevante conocer que:

  • Los plazos se cuentan por días naturales y que no pueden descontarse de los plazos los días de fiesta.

  • En los contratos puede pactarse un plazo de pago diferente, pero no podrá exceder en ningún caso los 60 días naturales (Art. 4). Las cláusulas contractuales que establezcan plazos de pago mayores, se consideran abusivas y por lo tanto, nulas de pleno derecho, teniéndose por no puestas (Art. 9).

Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato, la duración de dicho procedimiento no podrá exceder de los 30 días naturales a contar desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios.

En este caso, el plazo de pago será de 30 días desde la fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de los bienes o servicios, incluso aunque la factura o solicitud de pago se hubiera recibido con anterioridad a la aceptación o verificación (Art. 4-2).

Reserva de dominio

El acreedor conserva la propiedad de los bienes vendidos hasta el pago total del precio, si así se ha convenido expresamente mediante una cláusula de reserva de dominio entre comprador y vendedor antes de la entrega de los bienes. El vendedor o el tercero que haya financiado la operación, podrá retener la documentación acreditativa de la titularidad de los bienes sobre los que se haya pactado la reserva de dominio (Art. 10).

Intereses de demora e indemnización por costes de cobro

El devengo de intereses de demora se produce automáticamente por el mero incumplimiento del pago en el plazo pactado o legalmente establecido, sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte del acreedor (Art. 5), si bien, debe tenerse en cuenta que, para que el acreedor pueda reclamar los intereses, deben cumplirse simultáneamente los dos requisitos siguientes:

  • Que el acreedor haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales.

  • Que no haya recibido a tiempo la cantidad debida a menos que el deudor pueda probar que no es responsable del retraso. Las cláusulas contractuales contrarias a estos requisitos, se consideran abusivas, y por lo tanto, nulas, teniéndose por no puestas (Art. 9).

En caso de que las partes hubieran pactado calendarios de pago para abonos a plazos, cuando alguno de los plazos no se abone en la fecha acordada, los intereses y la compensación se calcularán únicamente sobre la base de las cantidades vencidas.

El tipo aplicable es el que hayan pactado las partes en el contrato, salvo en el caso de los contratos con las Administraciones, en los cuales no puede alterarse el interés de demora que establece la Ley. Si el contrato no dice nada, el tipo aplicable será el tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate (este interés se publica en el BOE), más un 8%.


Las cláusulas contractuales que excluyan el pago de intereses de demora o que disminuyan el que dice la Ley en más de un 70%, se consideran abusivas, y por lo tanto, nulas, teniéndose por no puestas (Art. 9).

El acreedor tiene derecho además a reclamar al deudor los costes de cobro, que vienen determinados por: (i) una cantidad fija de 40 euros que se añadirá a la deuda principal, y (ii) todos los costes de cobro debidamente acreditados y que superen la cantidad de 40 € indicada antes (Art. 8-1). El deudor no estará obligado a pagar esta indemnización cuando no sea responsable del retraso en el pago (Art. 8-2).


Las cláusulas contractuales que excluyan el pago de los costes de cobro se consideran abusivas, y por lo tanto, nulas, teniéndose por no puestas (Art. 9).



Implicaciones a la hora de facturar en España

Los proveedores deben hacer llegar la factura o solicitud de pago a sus clientes antes de 15 días desde la fecha de recepción de las mercancías o la prestación de los servicios. Cuando en el contrato se hubiera fijado un plazo de pago determinado, la recepción de la factura por medios electrónicos produce los efectos de inicio del cómputo de plazo de pago, siempre que esté garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de la factura, y la recepción por el interesado (Art. 4-1). Esto no es así en el caso de las relaciones con las Administraciones Públicas, tal y como se verá más adelante.

Pueden agruparse facturas a lo largo de un período determinado no superior a quince días, mediante una factura comprensiva de todas las entregas realizadas en dicho período, factura resumen periódica o agrupándolas en un único documento a efectos de facilitar la gestión de su pago, identificado como agrupación periódica de facturas. Tomando siempre como fecha de inicio del cómputo del plazo, la correspondiente a la mitad del período de la factura resumen periódica o de la agrupación periódica de facturas de que se trate, según el caso, y el plazo de pago no supere los 60 días naturales desde esa fecha.

Implicaciones a efectos del comercio minorista

Tal y como se indicaba antes, en las relaciones que se produzcan en el ámbito del Comercio Minorista, existen una serie de normas especiales, contenidas en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. Pueden resumirse en las siguientes:

Respecto de los plazos de pago:

  • Como regla general, a falta de plazo expreso, se entenderá que los comerciantes deben efectuar el pago del precio de las mercancías que compren antes de 30 días a partir de la fecha de su entrega.

  • Los aplazamientos de pago de productos de alimentación frescos y de los perecederos no pueden exceder en ningún caso de 30 días.

  • Los aplazamientos de pago para los demás productos de alimentación y gran consumo no excederán del plazo de 60 días, salvo pacto expreso en el que se prevean compensaciones económicas equivalentes al mayor aplazamiento y de las que el proveedor sea beneficiario, sin que en ningún caso pueda exceder el plazo de 90 días.

Respecto de las obligaciones de documentación y facturación:

  • Los comerciantes que reciben las mercancías, están obligados a documentar, en el mismo acto, la operación de entrega y recepción con mención expresa de su fecha.

  • Los proveedores por su parte deben indicar en su factura el día del calendario en que debe producirse el pago.

  • Si las mercancías están afectadas por una cláusula de reserva de dominio, la factura debe expresar esta circunstancia.

  • Las facturas deben hacerse llegar a los comerciantes antes de que se cumplan treinta días desde la fecha de entrega y recepción de las mercancías.

Garantías especiales en caso de plazos de pago superiores:

  • Con relación a los productos que no sean frescos o perecederos ni de alimentación y gran consumo, cuando los comerciantes acuerden con sus proveedores aplazamientos de pago que excedan de los 60 días desde la fecha de entrega y recepción de las mercancías, el pago deberá quedar instrumentado en documento que lleve aparejada acción cambiaria, con mención expresa de la fecha de pago indicada en la factura.

  • En el caso de aplazamientos superiores a 90 días, este documento será endosable a la orden.

  • En todo caso, el documento se deberá emitir o aceptar por los comerciantes dentro del plazo de 30 días, a contar desde la fecha de recepción de la mercancía, siempre que la factura haya sido enviada.

  • Para la concesión de aplazamientos de pago superiores a 120 días, el vendedor podrá exigir que queden garantizados mediante aval bancario o seguro de crédito o caución.

En relación con los intereses de demora:

  • El devengo de intereses moratorios se produce de forma automática a partir del día siguiente al señalado para el pago o, en defecto de pacto, a aquel en el cual debiera efectuarse.

  • El tipo aplicable es el previsto en la Ley de medidas de lucha contra la morosidad, esto es, el tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate (este interés se publica en el BOE), más un 8%.

  • Las partes pueden acordar en el contrato un tipo distinto siempre que no sea inferior en más de un 50% al interés indicado en la Ley.

Con referencia exclusiva a los bienes consumibles, se entenderá como fecha de entrega aquella en la que efectivamente se haya producido, aunque, inicialmente, el título de la entrega fuese distinto del de compraventa, siempre que las mercancías hayan sido, finalmente, adquiridas por el receptor.


Implicaciones a efectos de las relaciones contractuales con las Administraciones Públicas

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista debe haber presentado la factura en el registro administrativo correspondiente en el plazo de 30 días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio (art. 216.4 TRLCSP). Si el contratista no ha presentado la factura en ese plazo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Es importante tener en cuenta que aquí no aplica la normativa sobre presentación de facturas por vía electrónica. Por eso, para la presentación de las facturas, habrá que estar a lo que se indique en el pliego de condiciones de cada contrato.

La Administración debe aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los 30 días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación.

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