Las reglas de juego para las sociedades en España

El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Si estás pensando en establecer una nueva empresa o estás al mando de un negocio en nuestro país, te dejamos algunas consideraciones que tu sociedad debería tener en cuenta tras las últimas modificaciones normativas.


Ley de Sociedades de Capital


La última reforma de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, para la mejora del gobierno corporativo, cambia aspectos esenciales en el papel de los socios y los administradores de la sociedad, entre los que cabe destacar:

  • Que el Consejo de administración deberá celebrar como mínimo una sesión al trimestre.

  • Se concretan mucho más los deberes de los administradores, especialmente los de diligencia, lealtad, protección de la discrecionalidad empresarial y obligación de comunicar las situaciones de conflicto de interés que son ahora más estrictas.

  • Se establecen un régimen más concreto de responsabilidad de los administradores.

  • Se especifican las facultades que el Consejo de Administración no puede delegar: supervisión de los órganos de dirección, organización y estrategia de la sociedad, formulación y rendición de las cuentas anuales a la junta; nombramiento, contratación y destitución de consejeros delegados, y establecimiento de su remuneración; lo relativo a la autocartera de la sociedad; las propias facultades delegadas por la Junta, salvo que esta haya autorizado a subdelegarlas.

  • Se regula con más amplitud la figura del administrador de hecho y su responsabilidad.

  • El administrador de hecho es aquel que no ostenta formalmente el cargo, pero en la realidad, dirige y controla la sociedad.

  • Se refuerza el poder de la minoría para impugnar acuerdos, en el plazo de un año desde su adopción, estando legitimados para impugnar los acuerdos los socios que ostenten al menos un 1% del capital.

  • Se amplían las competencias de la Junta en la gestión de la empresa: se requiere su autorización las operaciones con activos cuyo importe supere el 25% del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado.

  • Se califican como contrarios al interés social, aun cuando no dañen el patrimonio de la empresa, los acuerdos impuestos por la mayoría, que no respondan a un interés razonable de la sociedad, o que respondan a intereses personales de esa mayoría y vayan en detrimento injustificado de los demás socios.

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Legalización telemática obligatoria de los libros de los empresarios

La Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 12 de febrero de 2015, sobre la obligación de legalización telemática de los libros de los empresarios introducida en la Ley de Emprendedores de 2013 (Ley 14/2013, de 27 de septiembre), obliga a las empresas, a partir del ejercicio 2014 (incluido el de Sobre ese año), a presentar al Registro de forma telemática, las actas de la Junta y del Consejo del ejercicio anterior, en el plazo de 4 meses a contar desde el cierre del ejercicio.


Esta modificación conllevará mayor atención en la elaboración de las actas, con especial detalle al contenido de las mismas, su aprobación y firma. En el caso de las sociedades con Consejo de Administración deberán haber como mínimo cinco actas, la de la Junta General Ordinaria, y las de las sesiones trimestrales del Consejo de Administración, sin contar las relativas a aquellos acuerdos en los que sea obligatoria la intervención de la Junta o del Consejo.


Hay que mencionar que esta obligación ha quedado suspendida por un Auto del TSJ de Madrid, principalmente, por motivos de salvaguarda de la confidencialidad del contenido de las actas. Para resolverlo, el Registro ha establecido la posibilidad de enviar las actas en archivo encriptado.


Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

El Reglamento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, refuerza la obligación de identificar al titular real, estableciéndose que, en los casos en que no haya, se considerarán titulares reales a los administradores de la sociedad.


Responsabilidad de las personas jurídicas

La reforma del Código Penal, operada por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, incide en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, modificando los criterios de transferencia de responsabilidad entre la persona física y la jurídica, criterios de exención en el caso de personal directivo (concepto que no queda claro), haciendo referencia a los requisitos en base a los cuales pueden tener eficacia los Compliance Programs, a los criterios de exención en el caso de empleados, y posibilitando el castigo de la persona jurídica aunque la persona física no haya sido individualizada o no se haya podido seguir el procedimiento contra ella.

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