La figura del Administrador en una Sociedad española: ¿Cuáles son sus implicaciones?

Actualizado: 18 jul

¿Qué supone ser Administrador en una Sociedad española? ¿Qué beneficios y riesgos conlleva esta modalidad de gestión empresarial? Recogemos las implicaciones de ser Administrador en una sociedad española, así como de la Responsabilidad del cargo en los ámbitos Fiscal, Penal, Civil y Mercantil.



El Órgano de Administración de toda sociedad es aquel que tiene atribuida la competencia de gestión y representación de la misma. Dicho Órgano es diferente a la propiedad que ostentan los Accionistas o Socios según nos refiramos a los propietarios de una Sociedad Anónima o Limitada respectivamente.


De conformidad al artículo 210 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, todo Órgano de Administración podrá componerse de:

  • Un Administrador Único que tendrá atribuidas todas las competencias del Órgano de Administración.

  • Varios Administradores Solidarios (de 2 a 5 normalmente) que tienen atribuidas las mismas competencias del Órgano de Administración que el Administrador Único y pueden actuar individual y solidariamente representando a la Sociedad.

  • Varios Administradores Mancomunados (de 2 a 5 normalmente) que tienen atribuidas las competencias del Órgano de Administración para actuar conjuntamente según se establezca representando a la Sociedad.

  • Y el Consejo de Administración que es órgano consultivo, ejecutivo y colegiado, compuesto por el mínimo y el máximo que señalen los Estatutos (de 3 a 12 normalmente) o, en su defecto, la Junta General de Socios.

Para poder ser nombrado Administrador no se requiere ser Socio o Accionista de la Sociedad (Limitada o Anónima respectivamente).


En el momento de la constitución de la Sociedad se debe nombrar un Órgano de Administración entre las 4 opciones descritas anteriormente y por el periodo de tiempo que señalen los Estatutos sociales.


Dentro de las responsabilidades de los Administradores se encuentran, entre otras, el de formular las cuentas anuales a la fecha de cierre de cada ejercicio fiscal, reflejando una imagen fiel de la situación financiera, patrimonial y de los resultados.


Los Administradores son las personas que responderán, en su caso, por los daños que hayan podido causar como consecuencia de sus actos, pero siempre limitados a la vigencia de su cargo. Se entenderá por daños todos aquellos que se adecuen a una acción u omisión ilícita o antijurídica que produzca un daño real a la Sociedad y una relación directa de culpabilidad del citado Administrador.

Este tipo de delitos de RESPONSABILIDAD PENAL pueden ir desde el Falseamiento de documentación (el de las cuentas anuales suele ser el más común donde se establece una pena de prisión que va desde el año a los 3 años o multa de 6 a 12 meses); imposición de acuerdos adoptados por una mayoría falsa o “ficticia” (donde se establece una pena de prisión de 6 meses a 3 años o multa del triple del beneficio obtenido); obstrucción al control y supervisión pública (donde se establece una pena de prisión de 6 meses a 3 años o multa de 12 a 24 meses); administración fraudulenta (donde se establece una pena de prisión de 6 meses a 4 años o multa del triple del beneficio obtenido).


Destacar que existen otro tipo de delitos penales con penas variadas como: el que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores; el que se generen o contraigan nuevas obligaciones y deudas cuando exista ya el proceso de disolución; proporcionar datos falsos relativos al estado contable; defraudar a Hacienda Pública eludiendo el pago de tributos, no reteniendo cantidades que se hubieran debido de retener u obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales; la obtención de una subvención o ayuda de las Administraciones Públicas falseando las condiciones requeridas para su concesión; delitos contables como la anotación de cifras distintas a las verdaderas, ocultar o simular la verdadera situación de la sociedad, etc.


Por otro lado, dentro de la RESPONSABILIDAD CIVIL y MERCANTIL, el Administrador responderá asimismo de las deudas contraídas desde que se da la situación patrimonial grave, es decir, si la sociedad debe disolverse, no se deberá endeudar más la situación. La responsabilidad generada por el incumplimiento de cualquiera de las mencionadas obligaciones se considera de carácter personal, ilimitada y solidaria.



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