La cara amarga de la reforma fiscal (III)

Actualizado: 22 de jun de 2021

Reservas de capitalización y nivelación, rebaja en el tipo del Impuesto sobre Sociedades, reducción de los tramos en el IRPF, nuevas figuras de protección social… ¿y esto qué quiere decir? Y lo que es más importante, ¿cómo me afectan algunas de las medidas de la reforma fiscal anunciada por el Gobierno?


Para poder entender mejor esta reforma fiscal te proponemos una serie de artículos que tratarán de desgranar en qué te afectan a ti estas medidas como contribuyente.


Nuestro tercer artículo se centrará en las novedades planteadas por el Proyecto de Ley que modifica la normativa del Impuesto sobre Sociedades en materia de Precios de Transferencia (Operaciones Vinculadas).


¿Qué ocurría hasta ahora?

La Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal introdujo una nueva regulación en materia de Precios de Transferencia en la normativa del Impuesto sobre Sociedades, con el fin de adaptar las normas españolas sobre esta cuestión a las pautas y principios generales establecidos por la OCDE y la Unión Europea.

En este sentido, se estableció la obligatoriedad de valorar las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas por su valor normal de mercado, entendiéndose por aquel el que se habría acordado por personas o entidades independientes en condiciones de libre competencia (arm’s length principle).


Para ello, se definía el concepto de vinculación a través de una lista cerrada de supuestos (e.g. una entidad y sus socios o dos entidades que pertenezcan al mismo grupo), así como las obligaciones de documentación, los métodos de determinación del valor de mercado, las facultades de la Agencia Tributaria, un régimen sancionador que ha sido objeto de controversia y otras disposiciones que desarrollan esta materia.


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¿Qué finalidad tiene esta normativa?

La normativa de Precios de Transferencia persigue la correcta valoración de las operaciones realizadas entre personas y entidades integrantes de un mismo grupo o con un determinado grado de vinculación, en base al principio de plena competencia.

Así, las transacciones realizadas por entidades relacionadas no siempre siguen las reglas de una economía de mercado, lo que puede conducir a una distorsión en su valoración y a supuestos de desimposición o sobreimposición en los diferentes estados. La aplicación de esta normativa consigue un reparto más equitativo de las utilidades entre las diferentes administraciones tributarias.


Para ello, era necesario un marco normativo compuesto por reglas fundamentalmente técnicas y de aceptación global, función que ha sido desarrollada por la OCDE y, en el ámbito de la Unión Europea, por el Foro Conjunto de Precios de Transferencia, y que posteriormente ha sido adaptado a las diferentes legislaciones nacionales de una forma más o menos armonizada.