La cara amarga de la reforma fiscal (II)

Actualizado: jun 23

Reservas de capitalización y nivelación, rebaja en el tipo del Impuesto sobre Sociedades, reducción de los tramos en el IRPF, nuevas figuras de protección social… ¿y esto qué quiere decir? Y lo que es más importante, ¿cómo me afectan algunas de las medidas de la reforma fiscal anunciada por el Gobierno?

Para poder entender mejor esta reforma fiscal te proponemos una serie de artículos que tratarán de desgranar en qué te afectan a ti estas medidas como contribuyente.

En nuestro segundo artículo (La cara amarga de la reforma fiscal (I)) trataremos de explicar las modificaciones propuestas al régimen de incentivos al alquiler de vivienda, tanto desde el punto de vista del propietario como del inquilino.


¿Qué ocurría hasta ahora?

La Ley del IRPF establecía una serie de ayudas al alquiler tanto para el propietario (arrendador) como para el inquilino (arrendatario).

El propietario está obligado a declarar y tributar por los rendimientos obtenidos por el alquiler de la vivienda, si bien dichos rendimientos gozaban de reducción en los siguientes casos:

  • Reducción del 100%, en caso de que los arrendatarios tuvieran una edad comprendida entre 18 y 30 años y obtuviesen rendimientos netos superiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM – 532,51 euros mensuales). En el caso de contratos suscritos con anterioridad al 1 de enero de 2011, el rango de edad era de 18 a 35 años.

  • Reducción del 60%, en los restantes casos.

Por su parte, el inquilino podía aplicar una deducción en los siguientes términos:

  • En el ámbito estatal, de hasta el 10,05% de los importes satisfechos por el alquiler, con un máximo de 9.040 euros anuales para rentas iguales o inferiores a 17.107,20 euros. Dicho porcentaje iba decreciendo proporcionalmente para rentas superiores a esta cuantía hasta los 24.107,20 euros.

  • En el ámbito autonómico, cada Comunidad Autónoma podía establecer su propia deducción. Así por ejemplo, Madrid permitía deducir adicionalmente el 20% de las cantidades satisfechas, hasta un máximo de 840 euros, observando una serie de requisitos de edad, ingresos y otros.

¿Qué finalidad tenía esta exención?

Estos incentivos fiscales perseguían una doble finalidad según su destinatario:

  • Desde el punto de vista del propietario, la intención del gobierno era clara al establecer una serie de incentivos que minoraban o anulaban la tributación del alquiler, fomentando así declarar este tipo de rentas y evitar los alquileres sin contrato.

  • Por su parte, desde el punto de vista del inquilino, se pretendía impulsar el mercado del alquiler como alternativa a la tradicional adquisición de vivienda, con un foco especial en los jóvenes.

¿Qué ocurrirá en el futuro?

A partir de 2015, el propietario sólo podrá reducir sus ingresos por alquileres en un 60% cuando los inquilinos tengan menos de 35 años. Esto supone una minoración del incentivo fiscal de un 40% (del 100% actual al 60%) en el caso de inquilinos menores 35 años.


Por su parte, la deducción prevista para los inquilinos desaparece totalmente para aquellos contratos firmados a partir del 1 de enero de 2015. Si se hubiesen suscrito con anterioridad a esta fecha, un régimen transitorio permitirá seguir gozando de la deducción, aunque es previsible que desaparezca con el tiempo.

¿Qué alternativas existen?

Para el inquilino la alternativa es clara: siempre que firme el contrato de alquiler antes del próximo 1 de enero de 2015, podrá aplicar la deducción. En otro caso, el incentivo desaparecerá y deberá negociar con el propietario una disminución del precio del alquiler proporcional al importe de la deducción que ha perdido.

Para el propietario no hay muchas alternativas, en las condiciones actuales no se podrá trasladar el coste fiscal al precio del alquiler y se prevé una disminución de la oferta por una menor inversión de los particulares en inmuebles para estos fines, con el consecuente efecto en el mercado y el precio.


¿Dulce o amargo?

El pasado 10 de abril de 2013 se publicó el Real Decreto-ley 233/2013, de 5 de abril, que contemplaba medidas, entre otras, dirigidas a fomentar el alquiler de viviendas. Por otro lado, la eliminación de los incentivos a la adquisición de vivienda habitual también perseguía este fin. Ahora, esta nueva medida contradice los propios objetivos del Gobierno de incentivar el mercado del alquiler.


Desde el otro lado, no parece justo para el resto de contribuyentes que aquellas personas que tengan un patrimonio inmobiliario y reciban rentas pasivas por los alquileres no contribuyan al sistema de financiación público de igual modo que el resto de ciudadanos.

Finalmente, podemos intuir que muchos propietarios optarán por no declarar los alquileres; cuidado, la Agencia Tributaria hace tiempo puso en marcha medidas de control como la supervisión del gasto de los contadores de la luz de viviendas supuestamente vacías para detectar alquileres no declarados.


¿Quieren una conclusión? Medio dulce, medio amargo.


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