Extinción del contrato del alto directivo: indemnización y tributación

Tras los pronunciamientos de diversos tribunales de lo social, la Agencia Tributaria se ha visto obligada a cambiar su criterio respecto a la tributación en el IRPF de las indemnizaciones por despido de altos directivos.



En general, cuando un trabajador es despedido, la empresa que lo contrató está obligada a satisfacerle, como indemnización, la cuantía que establezca el Estatuto de los Trabajadores, la cual, precisamente por tratarse de una indemnización fijada por ley, queda exenta de tributar por IRPF.


No obstante, cuando el trabajador ha sido contratado mediante un contrato de alta dirección y es despedido, no hay una indemnización legal fija establecida.


Indemnización por despido por desistimiento de la empresa:

En caso de que la extinción del contrato se produzca por desistimiento de la empresa, ésta debe satisfacer la indemnización que se haya pactado en el contrato. Si no existe pacto al respecto, la ley establece que la indemnización mínima que tiene derecho a percibir el trabajador es de siete días de salario por año trabajado, con un importe máximo de seis mensualidades.


Indemnización por despido improcedente:

En caso de despido improcedente, la indemnización también es la pactada en el contrato. Sin embargo, si no hay pacto, es de 20 días por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades.


Debido a esta libertad de pactos, hasta hace un tiempo el criterio de Agencia Tributaria era que las indemnizaciones que percibía el alto directivo tributaban en su totalidad en el IRPF. La Agencia Tributaria consideraba que la exención sólo era aplicable a las indemnizaciones establecidas por imperativo legal, requisito que no se da en el caso de los altos directivos (en el que la indemnización prevista en la ley es subsidiaria a la pactada en el contrato).


No obstante, según los tribunales de lo social (es decir, los que dirimen litigios entre empresa y trabajador), cuando no hay pacto, la indemnización subsidiaria existente (siete días en caso de desistimiento de la empresa, y 20 días en caso de despido improcedente) debe considerarse como un mínimo legal. Es decir, si en el contrato de alta dirección no se ha pactado indemnización o se ha pactado una indemnización inferior, la empresa queda obligada a satisfacer, como mínimo, siete o 20 días por año trabajado, según el caso.


Considerando esta interpretación de los tribunales de lo social, una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central ha adoptado como propio este último criterio y reconoce que:


Si ambas indemnizaciones –de siete y 20 días– son las mínimas legales aplicables a los altos directivos, éstos también han de poder disfrutar de exención hasta alcanzar esa cuantía.

Es decir, dicho tribunal ha equiparado el tratamiento fiscal que debe darse a dicha indemnización con el de las indemnizaciones recogidas en el Estatuto de los Trabajadores. Por otro lado, si el trabajador ha estado contratado por la empresa más de dos años, la parte de indemnización que no quede exenta puede acogerse a la reducción del 30%.

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