El control legal de las pérdidas en las Sociedades de Capital

Actualizado: hace 3 días

Sabemos que los socios de las Sociedades Anónimas y Limitadas, gozan de un beneficio de limitación de responsabilidad ya que la ley establece que no responderán personalmente por las deudas sociales. Sin embargo, este beneficio tiene como contrapartida en la ley la obligación de las Sociedades de mantener unos volúmenes mínimos de patrimonio que se recoge en la Ley de Sociedades de Capital.

Entendiendo éste como la diferencia entre los bienes y derechos de la Compañía y sus deudas y obligaciones, por debajo de los cuales la ley les obliga bien a reducir el capital, o bien a recapitalizar la sociedad o a disolverla.



En estas fechas en que los administradores de las Sociedades están preparando las cuentas anuales del ejercicio -recordemos que la ley les obliga a formularlas antes de que finalicen tres meses a contar desde la fecha de cierre del ejercicio social-, consideramos que es interesante recordar estas obligaciones de solvencia mínima y su funcionamiento.

Obligaciones en la Ley de Sociedades de Capital cuando hay pérdidas graves

La legislación indica que los Administradores deben promover la recapitalización de la sociedad o su disolución, incluso judicial cuando, como consecuencia de pérdidas severas, el patrimonio neto de la sociedad haya quedado reducido a una cifra inferior a la mitad del capital social que tenga en ese momento la compañía.

Adicionalmente, y sólo para las Sociedades Anónimas, existe la obligación de reducir el capital social cuando las pérdidas hayan disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital y haya transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio neto.

Se considera patrimonio neto a estos efectos la suma de fondos propios, es decir, a grandes rasgos, la suma de capital social, más las reservas (obligatorias y voluntarias), más/menos los beneficios o las pérdidas.

En principio, la determinación sobre si se da o no esta situación, debe hacerse en base a las cuentas anuales aprobadas por la Junta, ya que son las cuentas de las que resulta con certeza la situación patrimonial.

No obstante, si los administradores antes de la aprobación de las cuentas por la Junta, tienen conocimiento de que se ha alcanzado el umbral (recordemos que están obligados a conocer en todo momento el estado de la contabilidad), deben convocar en el plazo de dos meses a la Junta para que constate, en su caso, que concurre esta situación.

Vayamos más al detalle

Esta causa de disolución desaparece, tanto en la Sociedad Anónima como en la Sociedad Limitada si, pese a la existencia de un patrimonio neto inferior a la cifra del capital social, se procede a realizar cualquier operación que haga que el patrimonio neto resulte ser, al menos, igual a la mitad del capital social, aunque no se restablezca completamente el equilibrio entre capital y patrimonio.

Vale cualquier operación (aumento o reducción de capital, con prima o sin prima, aportaciones extraordinarias de socios, o la obtención de préstamos participativos) que haga que la cifra del patrimonio neto supere el límite fijado por la ley.

La causa de disolución por pérdidas graves se complementa con dos obligaciones legales a cargo de los administradores y de un régimen de responsabilidad por las deudas sociales para el caso de infracción. Las obligaciones de los administradores son:

  • Convocar a la Junta en el plazo de dos meses desde el afloramiento de la causa de disolución,

  • Solicitar la disolución judicial de la sociedad cuando el acuerdo de la Junta fuera contrario a la recapitalización o la disolución de la sociedad, o la junta no llegara a celebrarse.

La infracción de estas obligaciones convierte a los administradores en responsables, junto con la sociedad, de las deudas de la compañía.


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Para tener en cuenta

En el año 2008, en vista de la grave crisis económica del momento, se introdujeron por ley, una serie de excepciones extraordinarias y temporales a este régimen de reducción obligatoria de capital por pérdidas y de disolución por pérdidas graves, permitiendo no computar a esos efectos, como patrimonio neto, las pérdidas por deterioro de inmovilizado material, inversiones inmobiliarias y las existencias, así como los ajustes por cambios de valor originados en operaciones de cobertura de flujos de efectivo pendientes de imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Este régimen extraordinario de excepción, previsto inicialmente para los dos ejercicios sociales siguientes al 13 de diciembre de 2008, y prorrogado hasta alcanzar los ejercicios cerrados durante el 2014, no se ha vuelto a prorrogar en 2015, por lo que estas excepciones ya no son de aplicación.


Merece la pena en estas fechas revisar las cuentas y revisar si se cumplen los mínimos de patrimonio que prevé la ley, para prevenir así cualquier contingencia que pueda haber en este sentido. Y si necesitas más información sobre el control legal de las pérdidas en las sociedades de capital, escríbenos...


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