Anteproyecto de Ley de Auditoría de Cuentas

El pasado 26 de diciembre se celebró el último Consejo de Ministros donde se aprobó el anteproyecto de Ley de Auditoría de Cuentas, que tiene por objetivo adaptar la legislación de España a los cambios incorporados por la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, la cual modifica a su antecesora, la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006 relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas.


Junto a dicha Directiva, se ha aprobado el Reglamento (UE) 537/2014, de 16 de abril 2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, que trata sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público y que deroga la Decisión 2005/909/CE de la Comisión.


Historial de regulaciones de la Actividad de Auditoría

La actividad de auditoría de cuentas en España fue regulada por primera vez con la Ley 19/1988 de 12 de Julio. Esta legislación ha sido objeto de modificaciones a través de diferentes normas legales, habiéndose regulado ciertos aspectos de la actividad en normas que no han modificado este texto directamente.

Una de las dos reformas más importantes operadas en la Ley 19/1988 tuvo lugar mediante la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, que tocaba las Medidas de Reforma del Sistema Financiero y que introdujo varias modificaciones sustanciales. La otra, se generó con la entrada en vigor de la Ley 12/2010, de 30 de junio relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidada, que sustancialmente modificaba el deber de independencia de los auditores e incorporaba el concepto de Entidades de Interés Público (EIP), a efectos de exigir a quienes auditan sus cuentas, determinados requisitos y condiciones específicas.

Cabe destacar que esta última Ley traspuso la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006, la cual constituyó un importante paso para armonizar los requisitos exigidos dentro del ejercicio en el ámbito de la Unión Europea; y que de igual forma ayudó a unificar los principios bajo los cuales se debía regir el sistema de supervisión pública en dicho ámbito.

Un texto refundido

Debido a que la Ley 19/1988 había sufrido múltiples modificaciones, las Cortes Generales consideraron necesario elabora un texto refundido en el que se reuniese la totalidad de la regulación de la actividad. El mismo fue finalmente aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, con lo que se obtuvo un texto sistemático, armonizado y unificado, comprensivo de la normativa aplicable, incorporando adaptaciones y precisiones terminológicas con la finalidad de aclarar su contenido.

Sin embargo, la evolución experimentada en el contexto económico, desde la entrada en vigor de la citada Directiva 2006/43/CE, y en particular, la crisis financiera acaecida en los últimos años, ha hecho necesaria una revisión del marco normativo comunitario y su consiguiente actualización, que estará reflejada en la normativa interna mediante el anteproyecto de Ley presentado.

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Modificaciones más destacables

El anteproyecto de Ley de Auditoría de Cuentas regulará los aspectos generales del régimen de acceso al ejercicio de la actividad, los requisitos que han de seguirse para su realización, así como el régimen de control y sancionador establecidos en orden a garantizar la plena eficacia de la norma. Aparte, se incorporan determinadas modificaciones en relación con los requisitos exigidos a las sociedades que se dedican a esta labor, como por ejemplo:

  • Prohibición de que los mismos auditores operen a través de varias sociedades, en aras de preservar una mejor transparencia y publicidad del mercado.

  • Incorporación ex lege de las actitudes de escepticismo profesional y juicio profesional que deben presidir la realización de cualquier trabajo de auditoría desde su planificación hasta la emisión del informe.

  • Refuerzo del régimen de independencia al que todos los auditores de cuentas y respectivas sociedades se encuentran sujetos, incorporando la obligación de establecer los sistemas de salvaguarda para hacer frente a las amenazas que pudieran derivarse de conflictos de intereses o de alguna relación comercial, laboral, familiar o de otra índole.


Asimismo, se modifican determinadas situaciones o servicios que generan

incompatibilidad para ejercer la actividad, recogiendo hasta once servicios incompatibles que el auditor no puede prestar a la auditada que sea Entidad de Interés Público (EIP), su matriz y sus vinculadas, extendiendo estas incompatibilidades incluso a determinados familiares del auditor.


Destacan entre otros, los servicios de contabilidad, auditoría interna, abogacía o de diseño de procedimientos de control interno o gestión de riesgos relacionados con la información financiera. También serán incompatibles los servicios fiscales y de valoración salvo si no tienen efecto directo en los estados auditados o son de poca importancia relativa.


Por otro lado, se establecen limitaciones para honorarios percibidos de la EIP, mediante dos vías. En el caso de servicios distintos de la auditoría, la retribución no puede superar durante tres o más ejercicios consecutivos el 70% de la media de los honorarios por servicios de auditoría percibidos durante los tres últimos ejercicios. Se excluyen los percibidos por servicios exigidos por derecho nacional o de la UE. De igual forma, por razones de concentración y para evitar la dependencia financiera respecto a una misma entidad, los honorarios de esta no puedan superar en los tres últimos ejercicios, el 15% del total de ingresos percibidos.


Nuevos límites

La transparencia es otro de los objetivos de esta norma para lo cual el APL pretende clarificar el papel del auditor e incrementar la información. Para todos los auditores se establece un mayor contenido del informe de auditoría y en el caso de las EIP se les exige como novedad, un informe adicional que debe entregarse al comité de auditoría.


Se añaden obligaciones de información a los supervisores de EIP sobre las entidades financieras calificadas de riesgo sistémico, así como la comunicación de irregularidades detectadas tanto a supervisores como a la Administración de Justicia. También para este tipo de entidades se aumenta el contenido del vigente informe anual de transparencia, al incorporar determinada información financiera.


Se eliminan las barreras al ejercicio de la actividad de auditoría mediante la prohibición de las clausulas limitativas impuestas a la auditada por las que se restringe la capacidad de selección del auditor. Para los auditores de EIP se habilita el desarrollo de requisitos relacionados con la estructura organizativa y la dimensión que deben cumplir los auditores de cuentas o las sociedades de auditoría de EIP.


<>Queda regulado el proceso de licitación pública, periódica y obligatoria para la selección de auditores, en el que no pueden incluirse criterios discriminatorios, ni prohibir la participación de aquellos con menor facturación. Estas medidas se unen a las exigencias de rotación externa.


Con respecto a la supervisión nacional, se amplían las competencias del ICAC, como por ejemplo la valoración de la existencia de riesgos sistémicos y de concentración, el análisis de las declaraciones de los auditores o la remisión de información y cooperación con las autoridades europeas de supervisión. Cuyos recursos necesarios para el ejercicio de estas nuevas funciones provendrán de las tasas del ICAC.


Finalmente, se refuerza la independencia de los órganos rectores del ICAC sobre los auditores, a quienes se les exige, para formar parte de los mismos, que no sean, ni hayan sido auditores de cuentas ejercientes durante un determinado periodo de tiempo.


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