28 may

Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Miguel Vidal | IVC noticias

El 6 de mayo pasado se publicó en el BOE el Reglamento que desarrolla la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del terrorismo.

El Reglamento concreta las medidas de diligencia y el nivel de intensidad con que deben aplicarse. La Ley no indicaba de manera clara aspectos como el grado de aplicación de las medidas de prevención, con lo que podían darse situaciones en las que el sujeto obligado tenía que aplicar protocolos muy estrictos con clientes que, tanto por sus circunstancias, como por el tipo de operación que querían realizar, no implicaban un riesgo real de introducción de dinero ilícito en el mercado legal, o de estar colaborando en la financiación del terrorismo.

La concreción del grado de exigencia en el cumplimiento de las medidas de prevención era fundamental para gran parte de las firmas y profesionales dedicados a la asesoría de empresas, en su gran mayoría, de tamaño y medios reducidos, y por tanto, con medios limitados para poder cumplir las obligaciones que contiene la ley.

Sally Anscombe / Moment Selec

Incide en la obligación de realizar un análisis previo de exposición general al riesgo. Para concretar el esfuerzo en la aplicación de las medidas de prevención, se hace hincapié en la previa evaluación del riesgo: los sujetos obligados habrán de analizar los riesgos principales a los que se enfrentan y que variarán en función del tipo de negocio, de productos y de clientes con los que establecen relaciones de negocio.

A partir de ese análisis se deben diseñar las políticas y procedimientos internos de manera tal que se adapten al perfil de riesgo de la entidad, moderándose la intensidad de las medidas de diligencia debida aplicadas según las características concretas del cliente y la operación.

En la línea de la moderación de las medidas de diligencia antes comentada, el nuevo Reglamento establece la “declaración responsable” del cliente como forma de cumplir en algunos casos las diligencias de identificación del titular real, salvo en los casos de clientes u operaciones que tengan un mayor riesgo, en cuyo caso será necesario solicitar además documentación probatoria.

Concreta qué sujetos obligados deben hacer comunicaciones sistemáticas al SEPBLAC, por lo general entidades financieras, de inversión, de servicios de pago y de cambio de moneda.

Por último, se revisa el esquema institucional dedicado a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo con la ampliación de las instituciones participantes en la Comisión y la creación de un nuevo órgano dependiente de aquella, el Comité de Inteligencia Financiera.

Se adscriben unidades concretas de la policía y de la Guardia Civil, y una unidad específica de la Agencia Tributaria y se encomienda a Hacienda la recaudación de las sanciones en materia de prevención de blanqueo.

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