29 may

¿QUÉ NOVEDADES LEGISLATIVAS TRAE EL RDL 19/2020? Aspectos económicos, de empleo y SS, mercantiles y tributarios.

Miguel Vidal | Cumplimiento Legal y Fiscal, Corporate Services

El 27 de mayo se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo (en adelante el “RDL”), que pretende aclarar algunas de las incertidumbres generadas por muchas de las medidas que se han adoptado para la gestión de esta crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo.

Sin dejar de mencionar que se han producido modificaciones en materia agraria y de pesca, así como en materia científica, hoy trataremos en estas líneas las que puedan resultar de mayor relevancia para nuestros clientes, siendo éstas las medidas en materia de empleo y SS, económica y tributaria.

post real decreto 20200529

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Esperamos tener la oportunidad de seguir a tu lado, ahora y siempre.

REAL DECRETO-LEY 19/2020, DE 26 DE MAYO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS COMPLEMENTARIAS EN MATERIA AGRARIA, CIENTÍFICA, ECONÓMICA, DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTARIAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DEL COVID-19:

MEDIDAS EN MATERIA ECONÓMICA

  1. Operadores de servicios de telecomunicaciones

Se establece la obligación para los operadores de ofrecer un fraccionamiento y aplazamiento por seis meses, sin intereses ni garantías, de la deuda en la que hayan podido incurrir sus abonados por las facturas (pasadas al cobro) desde que comenzó el Estado de Alarma hasta el 30 de junio de 2020.

Así mismo, se suprimen las limitaciones a las portabilidades en los servicios de telecomunicaciones que se incluían en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

  1. Avales de España para garantizar la devolución de los fondos a recibir por parte de la UE con los que pagará los ERTEs

España se dispone a recibir las ayudas acordadas por el SURE (Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia), pero para ello ha de aportar unos avales como contrapartida. En esta norma se introducen las disposiciones relativas a la autorización de dichos avales, que han de ser incondicionales, irrevocables y a primera demanda de la CE, además de incluir renuncia al beneficio de excusión (1830 CC).

Con estas ayudas europeas se deberían satisfacer las prestaciones relacionadas con los ERTEs.

También se incluyen disposiciones para dar cobertura presupuestaria al programa nacional de avales del Estado de 100.000 millones de euros para la financiación de empresas y autónomos aprobado por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

  1. Fondo de Reserva de las Fundaciones Bancarias (antiguas Cajas de Ahorros)

Se suspende en este año 2020 la obligación de dotar el Fondo de Reserva y el cómputo del plazo de constitución del Fondo, quedando las dotaciones pendientes aplazadas al periodo 2021-2024.

  1. Régimen legal de moratoria de créditos

Aplazamiento de deudas: Se amplía el colectivo de personas beneficiarias de un aplazamiento de deuda más allá de los económicamente vulnerables, a quienes se les permite además prolongar dicho aplazamiento una vez finalizado el período de duración de la moratoria legal.

Acuerdos Marco Sectoriales: Se crea un régimen especial para los Acuerdos Marco Sectoriales (promovidos por las asociaciones representativas de entidades financieras) sobre el aplazamiento de operaciones de financiación de clientes afectados por la crisis del coronavirus.

Con el nuevo RDL tendríamos ya tres tipos de moratorias:

  • Moratoria legal, hipotecaria y no hipotecaria, incluyendo ésta última los contratos de arrendamiento financiero.
  • Moratorias convencionales amparadas por Acuerdos Sectoriales: sujetas a un régimen legal especial y sometidas a control por parte del Banco de España. Este RDL admite que puedan implicar el pago de comisiones adicionales.
  • Moratoria puramente convencional: sólo aplicable en el caso de deudores en situación de vulnerabilidad económica, definida en el artículo 16 del RDL 11/2020, de 31 de marzo. Los deudores se benefician en este caso de las condiciones de duración, efecto inmediato y no devengo de intereses, así como de la correspondiente bonificación de honorarios registrales y notariales y de la exención de la cuota gradual de actos jurídicos documentados.

Se introducen en todo caso medidas para favorecer la formalización de los acuerdos por vía telemática y se establecen nuevos supuestos de exención en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para las escrituras de formalización de las moratorias.

EN MATERIA LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

En esta nueva norma se introducen ajustes técnicos a las medidas urgentes recientemente adoptadas en materia de Seguridad Social para mitigar el impacto del COVID-19 por los problemas que ha habido en su interpretación y aplicación.

  1. Cese de actividad y exoneraciones

Se remarca que no es posible aplicar exoneraciones en las cotizaciones de empresas sometidas a ERTEs vinculados al COVID-19 sin cumplir el requisito de suministrar por medios electrónicos los datos relativos a: inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas, variaciones de datos, cotización y recaudación. Se aclaran así algunas imprecisiones de los artículos 17 y 24 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

  1. Silencio administrativo en los procedimientos de garantía salarial (Art 33 ET)

Se señala que el plazo de tramitación sea de tres meses y se dispone el silencio administrativo estimativo para el caso de que no se hubiera resuelto en plazo (limitado al reconocimiento de las obligaciones en favor de personas que puedan ser legalmente beneficiarias de esa prestación y por la cuantía que resulte por aplicación de los límites previstos en dicho Art. 33 ET).

  1. Inspección de trabajo

Se suspenden los procedimientos en materia de inspección laboral.

  1. Prestaciones percibidas por sanitarios infectados por COVID

Se reconocen como accidente de trabajo las prestaciones de Seguridad Social que cause el personal sanitario que haya contraído COVID-19.

MEDIDAS MERCANTILES Y TRIBUTARIAS

  1. Modificación de los plazos extraordinarios para la formulación y aprobación de Cuentas Anuales

El RDL 8/2020 modificaba en su artículo 40 el plazo legalmente previsto (con carácter ordinario) para la formulación y aprobación de las cuentas anuales referidas al ejercicio de 2019; de manera que establecía un nuevo plazo máximo de 3 meses para su formulación a contar desde la finalización del Estado de Alarma y otros 3 meses para su aprobación (en Junta General).

Ahora, el nuevo RDL 19/2020 procede a modificar de nuevo estos plazos máximos en un intento del Gobierno de cuadrar los plazos de aprobación de las cuentas anuales con la fecha límite establecida para la liquidación del Impuesto de Sociedades del mismo ejercicio 2019.

Así pues, en la Disposición Final 8º del RDL 19/2020 se procede a desvincular por completo el cómputo de los plazos de formulación y aprobación de cuentas anuales de la fecha de finalización del Estado de Alarma; estableciéndose que el plazo de 3 meses para formular las cuentas anuales y demás documentos legalmente obligatorios comenzará a contarse desde el 1 de junio (y no desde la fecha en la que termine el Estado de Alarma, como indicaba el RDL 8/2020).

Además, se reduce de 3 a 2 meses el plazo para aprobar las cuentas anuales en Junta General desde la finalización del plazo para su formulación

En conclusión, todas las empresas habrán de tener formuladas y aprobadas las cuentas anuales en los 10 primeros meses de ejercicio.

  1. Presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades (“IS”)

En esta misma línea, y a consecuencia de la modificación de los plazos de formulación y aprobación de las cuentas anuales que establece el nuevo RDL 19/2020, puede ocurrir que una empresa se vea en la situación de tener que presentar la declaración del IS sin haber aprobado las cuentas anuales del ejercicio al que aplican (2019). Esto es debido a que el plazo de 3 meses a contar desde el 1 de junio para la aprobación de éstas últimas (si hablamos de una entidad cuyo ejercicio coincida con el año natural) vencería el 1 de septiembre, mientras que la declaración del IS habría de haberse presentado con fecha máxima de 25 de julio.

Si tenemos en cuenta que la Base Imponible del IS la constituye el propio resultado contable que emana de las cuentas anuales (que no estarían aprobadas en este caso), nos encontramos ante un escenario cuanto menos problemático. 

Ahora bien, para solventar esta situación, la nueva normativa establece que se faculta a los contribuyentes que no hubiesen podido aprobar sus cuentas anuales previo a que finalice el plazo de presentación del IS, a utilizar las cuentas anuales que tengan disponibles en ese momento; entendiéndose por disponibles las cuentas auditadas o en su defecto las formuladas por el órgano que corresponda o la contabilidad disponible (téngase en cuenta que en el caso de las SA cotizadas las cuentas anuales deberán estar auditadas en todo caso).

Una vez presentada la declaración del IS, se otorga de plazo hasta el 30 de noviembre de 2020 para que las empresas, con las cuentas formuladas y aprobadas y con el resultado contable definitivo, presenten una segunda autoliquidación que será:

  • Una nueva declaración complementaria: cuando la cantidad a ingresar resulte superior o inferior a la derivada de la autoliquidación previa (en este caso aplica el devengo de intereses de demora pero no los recargos por declaración extemporánea).
  • Una nueva declaración en el resto de los casos: será una rectificación de la primera y producirá efectos por el mero hecho de haberse presentado.

Se establece respecto a esta nueva autoliquidación que no será de aplicación ninguna limitación a la rectificación de las opciones a las que refiere el artículo 119.3 LGT, igual que en ningún caso la segunda autoliquidación tendrá efectos preclusivos y el Impuesto sobre Sociedades podrá ser objeto de comprobación plena por parte de la Administración.

  1. Ampliación del plazo de NO devengo de intereses

Los artículos 14 del RDL 7/2020, de 12 de marzo, y 52 del RDL 11/2020, de 31 de marzo establecían un aplazamiento de deudas tributarias y aduaneras de 6 meses donde NO se producía devengo de intereses durante los 3 primeros meses.

En la nueva norma se amplía este plazo de NO devengo de intereses de 3 a 4 meses; aplicándose esto, en resumen, a todas aquellas declaraciones – liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalizase desde la entrada en vigor del RDL 7/2020 y el 30 de mayo (ampliándose por tanto el plazo hasta julio).

  1. Otros

Finalmente, se indica en esta nueva norma que se retrasará la publicación del listado de deudores a la Hacienda Pública hasta octubre de 2020.

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