23 mar

Medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19

Bernardo Martínez | Servicios Corporativos

Las presentes notas derivan de las disposiciones aprobadas por el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

En este sentido, insistimos en que las últimas medidas publicadas por el Ejecutivo tienen por finalidad legislar sobre aspectos generales aplicables a las sociedades en una situación que actualmente está en constante cambio y evolución, por lo que es muy posible que la situación individual de cada empresa deba ser analizada de forma pormenorizada, atendiendo a sus circunstancias particulares.

BOE

En este sentido, os recordamos que nuestro equipo de profesionales está completamente a vuestra disposición para analizar y aclarar cualquier duda que os pueda surgir en relación con la presente información, y especialmente para hacer una valoración particular de vuestro caso en concreto.

Si tenéis cualquier pregunta en relación con el presente, por favor no dudéis en contactar a nuestro equipo de Client Management (Cristina Hernández (+34) 678 46 43 66 / Gisleno Castro (+34) 670 268 533)

MORATORIA EN MATERIA FISCAL

¿EXISTEN MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DESPACHO DE MERCANCÍAS EN ADUANAS?

Sí, en lo que se refiere a los funcionarios habilitados para el despacho; el titular del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá acordar que el procedimiento de declaración, y el despacho aduanero, sea realizado por cualquier órgano o funcionario del Área de Aduanas e Impuestos Especiales.

¿QUÉ EFECTOS TENDRÁ LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS PREVISTA EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO?

Ha de aclararse que la suspensión de plazos administrativos prevista en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el estado de alarma, no rige para los procedimientos tributarios ni para los plazos de presentación de declaraciones y autoliquidaciones, y así lo ha aclarado el RDL 8/2020, de 18 de marzo, su disposición adicional tercera.

Por lo tanto, la totalidad de los plazos de presentación y pago de las declaraciones se mantienen igual que siempre. En caso de problemas de liquidez, habrá que acudir, a la tramitación de aplazamientos y fraccionamientos, que han sido flexibilizados para las empresas con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019 (seis meses, siendo los primeros tres sin devengo de intereses).

Las normas recogidas en el art. 33 del RDL 8/2020, sólo se aplican a los procedimientos ya iniciados a su entrada en vigor, el 18 de marzo de 2020 (disposición transitoria tercera). Así, los procedimientos y plazos tributarios afectados son los siguientes:

  • Plazo de pago en período voluntario de las deudas liquidadas por la Administración

Si la notificación de la liquidación se ha producido: a) Antes del 18 de marzo, el plazo en voluntaria se amplía hasta el 30 de abril, siempre que no haya concluido antes del 18 de marzo. b) A partir del 18 de marzo, el plazo se amplía hasta el 20 de mayo, salvo que el general, en función de la quincena de notificación, sea superior.

  • Plazo de pago en período ejecutivo

Si la notificación de la providencia de apremio se ha producido: a) Antes del 18 de marzo, el plazo en ejecutiva se amplía hasta el 30 de abril, siempre que no haya concluido antes del 18 de marzo. b) A partir del 18 de marzo, el plazo se amplía hasta el 20 de mayo, salvo que el general, en función de la quincena de notificación, sea superior.

  • Vencimientos de aplazamientos y fraccionamientos

Para los aplazamientos y fraccionamientos: a) Concedidos antes del 18 de marzo: los vencimientos existentes a partir de ese día y anteriores al 30 de abril, se amplían hasta esta última fecha. b) Solicitados antes del 18 de marzo, pero concedidos a partir de ese día, la ampliación es hasta el 20 de mayo.

  • Subastas electrónicas: pujas y adjudicación

a) En el caso de las pujas electrónicas cuyo plazo se haya abierto, pero no finalizado, antes del 18 de marzo, aquél se amplía hasta el 30 de abril.

b) De abrirse a partir del 18 de marzo, la ampliación es hasta el 20 de mayo.

c) Por lo que se refiere al plazo de adjudicación, el plazo depende de que la presentación de ofertas haya finalizado antes o a partir del 18 de marzo de 2020. En el primer caso, se amplía hasta el 30 de abril y en el segundo, hasta el 20 de mayo.

  • Requerimientos

Los requerimientos realizados: a) Antes del 18 de marzo, pero cuyo plazo no haya finalizado a dicha fecha, han de cumplimentarse hasta el 30 de abril. b) Desde el 18 de marzo, deben cumplimentarse hasta el 20 de mayo.

  • Diligencias de embargo

Las diligencias de embargo notificadas: a) Antes del 18 de marzo, pero cuyo plazo no haya finalizado a dicha fecha, han de atenderse hasta el 30 de abril. b) Desde el 18 de marzo, deben atenderse hasta el 20 de mayo.

  • Solicitudes de información

Las solicitudes de información notificadas: a) Antes del 18 de marzo, pero cuyo plazo no haya finalizado a dicha fecha, han de atenderse hasta el 30 de abril. b) Desde el 18 de marzo, deben atenderse hasta el 20 de mayo.

  • Plazo para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos y sancionadores:

a) Si el plazo fue abierto antes del 18 de marzo y no había finalizado a dicha fecha, aquél se amplía hasta el 30 de abril.

b) Para los notificados desde el 18 de marzo, la ampliación se extiende hasta el 20 de mayo.

  • Plazo para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos especiales de revisión (nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y revocación):

a) Si el plazo fue abierto antes del 18 de marzo y no había finalizado a dicha fecha, aquél se amplía hasta el 30 de abril.

b) Para los notificados desde el 18 de marzo, la ampliación se extiende hasta el 20 de mayo.

  • Ejecución de garantías inmobiliarias.

En el procedimiento administrativo de apremio, no se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde el 18 de marzo de 2020 y hasta el día 30 de abril de 2020.

  • Recurso de reposición.

Si la notificación del acto tributario se ha producido:

a) Con anterioridad al 18 de marzo de 2020, se mantiene el plazo de un mes para su interposición y formulación de alegaciones. En este caso, los expedientes podrán consultados por vía telemática mediante Código Seguro de Verificación.

b) Entre el 18 de marzo y el 30 de abril, dicho plazo se inicia a partir de este último día. En cuanto a la suspensión de la deuda tributaria, podrá solicitarse hasta que se cumpla el período voluntario de pago, que puede encontrarse ampliado, hasta el 30 de abril o 20 de mayo.

c) Con posterioridad al 30 de abril, rigen los plazos ordinarios.

EN MATERIA DE ITP-AJD

Al hilo de la moratoria hipotecaria contenida RDL, se establece la exención de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan como consecuencia de dicha moratoria hipotecaria.

¿TENGO UN CERTIFICADO DIGITAL PERSONA Y/O EL DNI SE ME VENCE EN ESTOS DÍAS, DONDE PUEDO RENOVARLO?

Se prorroga la vigencia del DNI, así como los certificados digitales por un año, hasta el 13/03/21, de los documentos y certificados que caduquen entre la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y la finalización del estado de alarma y sus prorrogas.

MORATORIA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

¿QUÉ SUCEDE CON LOS CONTRATOS VIGENTES CON TODAS LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO?

En el supuesto de contratos vigentes con todas las entidades del sector público, se prevén dos situaciones con consecuencias jurídicas distintas:

  • Suspensión automática de los contratos que no se pueden ejecutar. La acordarán los órganos de contratación a instancia de los contratistas y se deberá abonar a estos contratistas los daños y perjuicios sufridos durante el periodo de suspensión.

  • Ampliación o prórroga de los contratos que hayan sufrido demora. Los órganos de contratación ampliarán o prorrogarán el contrato a petición del contratista por un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido por la aplicación de las medidas. Los contratistas tendrán derecho al abono de los gastos salariales adicionales, hasta un límite máximo del 10 por 100 del precio inicial del contrato.

De estas dos situaciones, se excluyen expresamente los Contratos de servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole vinculados con el COVID-19, los de servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de sistemas informáticos, los de servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte y los adjudicados por aquellas entidades públicas que coticen en mercados oficiales y no obtengan ingresos de los Presupuestos Generales del Estado.

MORATORIA EN MATERIA HIPOTECARIA

¿QUÉ COMPRENDE LA MORATORIA DE DEUDA HIPOTECARIA Y A QUIÉN AFECTA?

Se establece una moratoria de las deudas hipotecarias para la adquisición de vivienda habitual, con la finalidad de evitar la pérdida de sus viviendas a los deudores hipotecarios de contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria, así como de contener la morosidad en esta situación extraordinaria.

Esta moratoria se aplicará: i) a los deudores que se encuentren en los supuestos de vulnerabilidad económica y ii) a los fiadores y avalistas de los deudores con las mismas condiciones que las establecidas para el deudor hipotecario.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR VULNERABILIDAD ECONÓMICA?

Se entiende por tal la situación en la que se encuentran los deudores cuando:

- Pasen a estar en situación de desempleo, o en caso de ser empresario o profesional, cuando sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas.

- En el mes anterior a la solicitud de la moratoria, el conjunto de los ingresos de la unidad familiar no supere una serie de requisitos económicos.

- La cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte igual o superior al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

- Como consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.

¿QUÉ DOCUMENTOS SON NECESARIOS PARA ACREDITAR LA VULNERABILIDAD ECONÓMICA?

Los deudores, para acreditar su vulnerabilidad económica, deberán presentar la siguiente documentación: 1) Situación de desempleo/cese de actividad; 2) Nº de personas que habitan la vivienda; 3) Titularidad de la misma y 4) Declaración responsable del deudor.

¿PUEDEN LAS ENTIDADES FINANCIERAS EJERCER EL BENEFICIO DE EXCLUSIÓN?

Los avalistas podrán exigir el agotamiento del patrimonio del deudor principal, aun cuando en el contrato hubieren renunciado expresamente al beneficio de exclusión.

PLAZOS DE CONCESIÓN DE LA MORATORIA

La moratoria podrá solicitarse por parte de los deudores hasta 15 días después de la vigencia del RDL y el acreedor deberá proceder a su implementación en un plazo máximo de 15 días desde la solicitud. El acreedor debe notificar al Banco de España sobre su existencia a efectos contables.

EFECTOS DE LA MORATORIA

La moratoria conlleva:

i) La suspensión del contrato hipotecario, no pudiendo exigirse las cuotas ni los intereses derivados de los mismos y

ii) La inaplicación de la cláusula de vencimiento anticipado que conste en el contrato de préstamo/crédito hipotecario y de los intereses moratorios.

Se contempla una responsabilidad para los deudores que simulen o que se beneficien de estas medidas sin cumplir los requisitos para acceder a ella.

Asimismo, en procedimientos de apremio, no se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde la entrada en vigor del RDL y hasta el 30/04/20. Igualmente, los referidos plazos que se comuniquen a partir de la entrada en vigor de esta medida se extienden hasta el 20/05/20, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.

MORATORIA EN MATERIA MERCANTIL (SOCIETARIO Y CONCURSAL)

¿QUÉ OCURRE CON LAS SESIONES DE LAS JUNTAS Y LOS CONSEJOS DE LAS EMPRESAS?

Durante el tiempo que dure el estado de alarma, aunque los estatutos no lo prevean, las sesiones de las Juntas y demás reuniones de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, sociedades civiles y sociedades mercantiles, de los consejos rectores de sociedades cooperativas y de los patronatos de fundaciones, podrán celebrarse por videoconferencia siempre que se asegure la conexión en imagen y sonido en tiempo real. En caso de que se solicite la asistencia de notario, también se admitirá esta por videoconferencia. Además, también se flexibiliza el régimen de adopción de acuerdos mediante votación por escrito y sin sesión, que podrá utilizarse con que lo decida el presidente o lo soliciten al menos dos miembros del órgano en cuestión.

SI TENGO CONVOCADA UNA SESIÓN DE GOBIERNO DE LA EMPRESA Y NO PUEDO ASISTIR ¿SE APLAZA?

Si la convocatoria de la junta general se hubiera publicado antes de la declaración del estado de alarma, pero el día de celebración fuera posterior a esa declaración, el órgano de administración podrá modificar el lugar y la hora previstos para celebración de la junta, o revocar el acuerdo de convocatoria mediante anuncio publicado con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas en la página web de la sociedad y, si la sociedad no tuviera página web, en el «Boletín oficial del Estado». En caso de revocación del acuerdo de convocatoria, el órgano de administración deberá proceder a nueva convocatoria dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de alarma.

ESTAMOS EN ÉPOCA DE FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES, PERO CON EL ESTADO DE ALARMA, NO VAMOS A PODER TENER PREPARADAS LAS CUENTAS DENTRO DEL PLAZO LEGAL DE FORMULACIÓN.

En circunstancias normales el plazo de formulación de las cuentas anuales es de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio. Sin embargo, con el estado de alarma, la fecha de inicio de este plazo (la de cierre del ejercicio), se modifica por la fecha en que finalice el “estado de alarma”; es decir, el plazo de formulación de las cuentas anuales pasa a ser este año de tres meses a contar desde la fecha en que finalice el estado de alarma.

¿QUÉ OCURRE CON LAS AUDITORIAS OBLIGATORIAS DE LAS CUENTAS ANUALES DE CLIENTES QUE YA LAS TUVIERAN FORMULADAS A LA FECHA DE DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA?

El plazo de emisión del informe de auditoría de cuentas anuales ya formuladas a la fecha de declaración del estado de alarma, se amplía hasta los dos meses siguientes a la fecha en que finalice dicho estado de alarma.

¿PUEDEN LOS SOCIOS EJERCER EL DERECHO DE SEPARACIÓN DE LA SOCIEDAD?

Aunque concurra causa legal o estatutaria, en las sociedades de capital los socios no podrán ejercitar el derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma y las prórrogas de este que, en su caso, se acuerden.

¿QUÉ OCURRE CON EL REINTEGRO DE LAS APORTACIONES A LOS SOCIOS COOPERATIVOS QUE CAUSEN BAJA DURANTE LA VIGENCIA DEL ESTADO DE ALARMA?

El reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos que causen baja durante la vigencia del estado de alarma queda prorrogado hasta que transcurran seis meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

¿QUÉ OCURRE CON LAS SOCIEDADES CUYO PLAZO DE VIGENCIA FINALICE DURANTE EL ESTADO DE ALARMA?

En el caso de que, durante la vigencia del estado de alarma, transcurriera el término de duración de la sociedad fijado en los estatutos sociales, no se producirá la disolución de pleno derecho hasta que transcurran dos meses a contar desde que finalice dicho estado.

LAS PÉRDIDAS OCASIONADAS CON LA CRISIS DEL CORONAVIRUS HACEN QUE MI SOCIEDAD ESTE EN CAUSA DE DISOLUCIÓN. ¿ESTOY OBLIGADO A CONVOCAR A LA JUNTA PARA QUE ACUERDE MEDIDAS QUE RESUELVAN LA SITUACIÓN O LA DISOLUCIÓN, O A SOLICITAR DEL JUEZ DICHA DISOLUCIÓN?

La obligación de convocar a la Junta sigue existiendo, pero el plazo de dos meses empieza a contarse desde la fecha en que finalice el estado de alarma.

COMO ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD, ¿ESTOY OBLIGADO A RESPONDER DE LAS PÉRDIDAS GENERADAS CON LA CRISIS DEL CORONAVIRUS CON MIS BIENES PERSONALES?

Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo.

Se suspenden hasta que finalice el estado de alarma, los acuerdos de disolución de la sociedad o los acuerdos que tengan por objeto enervar la causa, cuando concurra causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad.

Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo.

¿QUÉ OCURRE CON LAS SOCIEDADES COTIZADAS?

La obligación de publicar y remitir su informe financiero anual a la CNMV y el informe de auditoría de sus cuentas anuales, podrá cumplirse hasta seis meses contados a partir del cierre de ejercicio social. Dicho plazo se extenderá a cuatro meses para la publicación de la declaración intermedia de gestión y el informe financiero semestral.

Se posibilita que la junta general ordinaria de accionistas pueda celebrarse dentro de los diez primeros meses a contar desde el ejercicio social.

Igualmente, se prevé la utilización de convocatoria de juntas generales por medios telemáticos y el voto a distancia, así como la celebración de la junta en cualquier lugar del territorio nacional, aunque estos extremos no estén previstos en los estatutos sociales.

¿LA SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS AFECTA A LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS EN EL REGISTRO MERCANTIL?

La suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de acciones y derechos durante la vigencia del estado de alarma y de sus prórrogas, se aplica también al Registro mercantil por lo que se suspende el plazo de caducidad de los asientos de presentación, de las anotaciones preventivas, de las menciones, de las notas marginales y de cualesquiera otros asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo. El cómputo de los plazos se reanudará al día siguiente de la finalización del estado de alarma o de su prórroga.

En cuanto al funcionamiento de las sociedades, se acuerda la suspensión del plazo de caducidad de los asientos de presentación, de las anotaciones preventivas, de las menciones, de las notas marginales y de cualesquiera otros asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo y el computo de los plazos se reanudará al día siguiente de la finalización del estado de alarma o de su prórroga en su caso.

¿QUÉ OCURRE CON EL DEBER DE SOLICITAR EL CONCURSO DE ACREEDORES?

Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso. Hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado durante ese estado o que se presenten durante esos dos meses. Si se hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá éste a trámite, con preferencia, aunque fuera de fecha posterior.

En igual medida, tampoco tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que hubiera comunicado al juzgado competente para la declaración de concurso la iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, aunque hubiera vencido el plazo a que se refiere el apartado quinto del artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

MEDIDAS REFERIDAS AL CONSUMO

Se suspenden los plazos para la devolución de los productos comprados por cualquier modalidad, bien presencial bien on-line, reanudándose los mismos cuando pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma o, en su caso, las prórrogas del mismo.

MORATORIA EN MATERIA FINANCIERA

El MINECO (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital) ha decidido, con el objetivo de: i) facilitar el mantenimiento del empleo, ii) reducir al máximo los efectos económicos de COVID-19, y iii) atender sus necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez, otorgar:

  •  Una línea de avales por un importe máximo de 100.000 millones de €uros para que las empresas (especialmente PYMES) y autónomos puedan financiarse a través de entidades de crédito, establecimientos financieros, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos a empresas y autónomos para atender sus necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras y/o tributarias u otras necesidades de liquidez, cuyas condiciones, requisitos y plazos se establecerán en el desarrollo normativo que se legislará como consecuencia de futuros acuerdos de Consejos de Ministros. Esto se llevará a cabo a través de las Líneas de ICO de financiación mediante la intermediación de las entidades financieras tanto a corto como a medio y largo plazo y de acuerdo con su política de financiación directa para empresas de mayor tamaño. El ICO adoptará las medidas que sean precisas, a través de sus órganos de decisión, para flexibilizar y ampliar la financiación disponible y mejorar el acceso al crédito de las empresas, preservando el necesario equilibrio financiero previsto en sus Estatutos.
  • Una línea de crédito aseguradora para los créditos de circulante necesarios para las PYMES españolas exportadoras, así como empresas de mayor tamaño siempre que no coticen cuando: i) sean empresas internacionalizadas o en proceso de internacionalización y ii) las empresas se enfrenten a un problema de liquidez o de falta de acceso a la financiación resultado del impacto de la crisis del Coronavirus.
  • Quedan excluidas las empresas que actualmente se encuentren en situación concursal o pre-concursal, así como aquellas empresas con incidencias de impago con empresas del Sector Público o deudas con la Administración registradas antes del 31/12/19.
  • Dentro de la línea de cobertura se incluyen todo tipo de operaciones comerciales, incluidas las nacionales, ya sean de suministro de bienes, prestación de servicios, u otras que realicen las empresas españolas, por entender que las mismas forman parte de la estrategia comercial de estas empresas que actúan preferentemente en el ámbito internacional.
  • Por último, se otorgan medidas financieras destinadas a los titulares de explotaciones agrarias que hayan suscrito préstamos como consecuencia de la situación de sequía de 2017 que acuerden con las entidades financieras prolongar hasta en un año, que podrá ser de carencia, el periodo de amortización de los préstamos suscritos.

Si tenéis cualquier pregunta en relación con el presente, por favor no dudéis en contactar a nuestro equipo de Client Management (Cristina Hernández (+34) 678 46 43 66 / Gisleno Castro (+34) 670 268 533)

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