4 may

Medidas concursales y societarias en la crisis del Covid-19

Miguel Vidal | Servicios Corporativos

El 29 de abril se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Este nuevo RD Ley de crisis, incluye una serie de modificaciones en la Ley Concursal, tendentes a ayudar a las compañías que ya se encontraran en un proceso de concurso de acreedores al inicio de la crisis y a evitar la avalancha de nuevos concursos. Vamos a tratar de sintetizarlas en este breve artículo.

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Por un lado, ante la situación de incumplimiento de convenios de acreedores y de acuerdos extrajudiciales de pagos que se está produciendo con la crisis, se recupera la figura del “reconvenio” que ya se utilizó anteriormente (Real Decreto Ley 11/2014 y la Ley 9/2015). Se trata de dar la facultad al deudor concursado que ve que no va a poder cumplir el convenio con los acreedores, de solicitar una modificación de este, sin verse abocado a entrar en la fase de liquidación, en aras del principio de conservación de la actividad de la empresa y de no perjudicar a los acreedores que, con bastante probabilidad preferirán una modificación del convenio, a encontrase en una situación de liquidación del deudor. Esta facultad de proponer modificaciones va a poder ejercerse en el plazo de un año desde la declaración del estado de alarma. Adicionalmente, el juez del Concurso va a dar traslado al concursado de las solicitudes de declaración del incumplimiento del convenio que se presenten por los acreedores dentro de los seis meses a contar desde la declaración del estado de alarma, pero no las va a admitir a trámite hasta que transcurran tres meses a contar desde que finalice ese plazo. Durante esos tres meses el concursado va a poder presentar propuestas de modificación del convenio, que se tramitarán con prioridad a las solicitudes de declaración de incumplimiento. Transcurridos esos dos plazos, las solicitudes de incumplimiento podrán ser admitidas a trámite, sin perjuicio de que, en todo caso, no se podrá acordar la apertura de la fase de liquidación hasta transcurrido un año desde la declaración del estado de alarma.

En cuanto a los acuerdos de refinanciación homologados, estos también podrán ser modificados, aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación. De manera similar a lo previsto para los incumplimientos de convenio, no se van a admitir a trámite las solicites de incumplimiento de acuerdos de refinanciación presentadas en los seis meses siguientes a la declaración del estado de alarma. Estas solicitudes se trasladarán al deudor concursado para que pueda iniciar negociaciones para la modificación del acuerdo de refinanciación o la suscripción de uno nuevo.

Por otro lado, se introducen algunas medidas con el objetivo de facilitar la financiación del deudor concursado calificando como créditos contra la masa, llegado el caso de liquidación, a los créditos derivados de compromisos de financiación o de prestación de garantías a cargo de terceros, incluidas las personas especialmente relacionadas con el concursado, que figuraran en la propuesta de convenio o en la propuesta de modificación del ya aprobado por el juez. También se intenta fomentar la financiación por parte de personas especialmente vinculadas con el deudor concursado, calificando sus créditos como ordinarios, mejorando su posición dentro del procedimiento concursal. Si bien, esto solo será aplicable a los concursos iniciados en los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma.

Se intenta evitar la avalancha de solicitudes de declaración de Concurso, suspendiendo hasta el 31 de diciembre de 2020 el deber del deudor de solicitar el concurso. Esto no impide que pueda solicitarse el concurso, en cualquier caso, si el deudor lo considera oportuno.

Por último, se establece que no se van a contar las pérdidas generadas en 2020 a efectos de la determinación de la existencia de la causa de disolución por pérdidas que dejen reducido el patrimonio de la sociedad a un nivel inferior a la mitad del capital social.

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