6 oct.

La cara amarga de la reforma fiscal (III)

Isidro Brevers | Cumplimiento Legal y Fiscal, Corporate Services

Reservas de capitalización y nivelación, rebaja en el tipo del Impuesto sobre Sociedades, reducción de los tramos en el IRPF, nuevas figuras de protección social… ¿y esto qué quiere decir? Y lo que es más importante, ¿cómo me afectan algunas de las medidas de la reforma fiscal anunciada por el Gobierno?

Para poder entender mejor esta reforma fiscal te proponemos una serie de artículos que tratarán de desgranar en qué te afectan a ti estas medidas como contribuyente.

Nuestro tercer artículo se centrará en las novedades planteadas por el Proyecto de Ley que modifica la normativa del Impuesto sobre Sociedades en materia de Precios de Transferencia (Operaciones Vinculadas).

¿Qué ocurría hasta ahora?

La Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal introdujo una nueva regulación en materia de Precios de Transferencia en la normativa del Impuesto sobre Sociedades, con el fin de adaptar las normas españolas sobre esta cuestión a las pautas y principios generales establecidos por la OCDE y la Unión Europea.

En este sentido, se estableció la obligatoriedad de valorar las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas por su valor normal de mercado, entendiéndose por aquel el que se habría acordado por personas o entidades independientes en condiciones de libre competencia (arm’s length principle).

Precios-de-transferencia

Para ello, se definía el concepto de vinculación a través de una lista cerrada de supuestos (e.g. una entidad y sus socios o dos entidades que pertenezcan al mismo grupo), así como las obligaciones de documentación, los métodos de determinación del valor de mercado, las facultades de la Agencia Tributaria, un régimen sancionador que ha sido objeto de controversia y otras disposiciones que desarrollan esta materia.


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¿Qué finalidad tiene esta normativa?

La normativa de Precios de Transferencia persigue la correcta valoración de las operaciones realizadas entre personas y entidades integrantes de un mismo grupo o con un determinado grado de vinculación, en base al principio de plena competencia.

Así, las transacciones realizadas por entidades relacionadas no siempre siguen las reglas de una economía de mercado, lo que puede conducir a una distorsión en su valoración y a supuestos de desimposición o sobreimposición en los diferentes estados. La aplicación de esta normativa consigue un reparto más equitativo de las utilidades entre las diferentes administraciones tributarias.

Para ello, era necesario un marco normativo compuesto por reglas fundamentalmente técnicas y de aceptación global, función que ha sido desarrollada por la OCDE y, en el ámbito de la Unión Europea, por el Foro Conjunto de Precios de Transferencia, y que posteriormente ha sido adaptado a las diferentes legislaciones nacionales de una forma más o menos armonizada.

A modo ilustrativo, podemos recordar el célebre caso de Enron, que empleó sociedades desconsolidadas (i.e. cuyo resultado no se incorpora al del resto de sociedades del grupo) y con sede en paraísos fiscales para adquirir activos de la organización, aplicando precios de transferencia superiores a los de mercado y generando de esta forma beneficios que no reflejaban la realidad económica y financiera del grupo.

¿Qué ocurrirá en el futuro?

Siguiendo la Exposición de Motivos, se introducen novedades tendentes a simplificar las obligaciones en esta materia. Así, se establece un régimen de documentación simplificado para entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 45 millones de Euros y supuestos de exclusión para determinadas operaciones que no será necesario documentar.

Por otro lado, se restringe el perímetro de vinculación en el ámbito de la relación socio-sociedad y se amplía para recuperar supuestos de vinculación de hecho (i.e. cuando una entidad dispone de poder de decisión sobre otra).

Además, se elimina la jerarquía de métodos y se admiten métodos y técnicas alternativos de valoración, siempre que respeten el principio de libre competencia.

Finalmente, se establece un régimen sancionador menos gravoso así como la estanqueidad de la valoración otorgada en otros ámbitos, como el aduanero.

¿Dulce o amargo?

La obligación de valorar las operaciones por su valor normal de mercado de acuerdo con el principio de libre competencia no es algo nuevo. Sin embargo, la obligación de justificar dicha valoración a través de una extensa documentación ha supuesto un coste económico muy significativo para muchas entidades y, en muchas ocasiones, sin que reportase el mínimo valor o beneficio a sus actividades económicas o productivas.

A su vez, los grandes despachos han aprovechado esta normativa y un régimen sancionador desproporcionadamente punitivo para hacer caja. En la medida en que se simplifiquen las obligaciones de documentación y se introduzcan más supuestos de exclusión, serán los contribuyentes los que salgan ganando.

¿Quieren una conclusión? Claramente, dulce.

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