12 jun

¿CUÁL ES LA RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS Y ADMINISTRADORES EN SITUACIONES DE DIFICULTADES FINANCIERAS (INSOLVENCIA E INCLUSO LIQUIDACIÓN)?

Miguel Vidal | Departamento Fiscal

Ocurre en múltiples ocasiones que surge la cuestión de cómo se distribuye o reparte la responsabilidad cuando hablamos de entidades, administradores y socios.

Responsabilidad de socios y administradores

Pues bien, podemos afirmar que las sociedades mercantiles tienen una personalidad jurídica propia e independiente de la de sus administradores y socios. Los socios responderán hasta el límite máximo de sus aportaciones realizadas al capital social de la sociedad y los administradores no responderán de las deudas sociales, salvo en determinadas excepciones.

¿Cómo debe actuar un administrador entonces? ¿Qué responsabilidad tienen?

En general, los administradores de sociedades mercantiles deben desempeñar su cargo con la debida diligencia de un empresario, informando en todo momento a los socios sobre la marcha de la sociedad.

Los administradores deben asimismo tener cautelas para no incurrir en responsabilidad por:

  • La celebración de actos y/o contratos que puedan atentar contra los intereses de la propia sociedad a la cual representan.
  • Excederse en las facultades que les hayan sido conferidas.
  • No convocar en tiempo y forma a la Junta de Socios para adoptar la disolución de la propia sociedad en su caso.
  • No depositar en tiempo y forma las Cuentas Anuales (CCAA) en el Registro Mercantil que les corresponda.
  • Cerrar o liquidar la propia Sociedad con deudas vigentes sin haber liquidado las mismas antes de la disolución, (entre otros supuestos).

Los administradores también pueden ser declarados responsables en concursos de acreedores señalados como culpables, según se regula en la Ley Concursal de 2003 (“LC”), como una especialidad de la responsabilidad mercantil/civil de los mismos.

En esta línea cabe destacar que un concurso de acreedores se calificará como culpable cuando en la generación del estado de insolvencia de la propia sociedad hubiera mediado, de alguna forma, dolo o culpa grave de los administradores. En este sentido, continúa vigente el régimen de acciones de responsabilidad contra los citados administradores donde los acreedores podrán ejercitar las acciones contempladas en la normativa mercantil. 

¿Y los socios?

Los socios, en caso de liquidación de la entidad, gozan de un beneficio de limitación de responsabilidad, pues la ley establece que no responderán personalmente de las deudas sociales. Sin embargo, este beneficio tiene como contrapartida la obligación de las propias sociedades de mantener unos volúmenes mínimos de patrimonio (entendido éste como la diferencia entre los bienes y derechos de la compañía y sus deudas y obligaciones), por debajo de los cuales quedarían obligados a reducir el capital, a recapitalizar o a disolver la sociedad (cuestión que sí afecta a los socios).

Por otro lado, la Ley obliga a los administradores a promover la recapitalización de la sociedad o su disolución cuando, como consecuencia de pérdidas, el patrimonio neto (suma de fondos propios) haya quedado reducido a una cifra inferior a la mitad del capital social que tenga en ese momento la sociedad.

En este sentido, la determinación sobre si se da o no este caso se hará en base a las últimas CCAA aprobadas (atención, porque en caso de que los administradores adviertan que se ha alcanzado el umbral en un momento distinto, deberán convocar a la junta en el plazo de 2 meses para que constate que concurre esta situación).

Cabe mencionar, eso sí, que esta causa de disolución desaparecerá si se procede a realizar cualquier operación (aumento o reducción de capital, aportaciones extraordinarias de socios o préstamos participativos) que deje el patrimonio neto, al menos, en una cifra igual a la mitad del capital social, aunque no se restablezca completamente el equilibrio entre capital y patrimonio.

La causa de disolución por pérdidas graves se complementa con dos obligaciones de los administradores y de un régimen de responsabilidad por las deudas de la sociedad en caso de que incurran en infracción de:

  • La obligación de convocar a la Junta en el plazo de 2 meses desde el afloramiento de la causa de disolución, y
  • La obligación de solicitar la disolución judicial de la sociedad cuando el acuerdo de la Junta fuera contrario a la recapitalización o la disolución de la sociedad, o la junta no llegara a celebrarse.

En circunstancias normales, la infracción de estas obligaciones convierte a los administradores en responsables, junto con la sociedad, de las deudas de la compañía.

Sin embargo, cabe hacer hincapié en que se ha suspendido la responsabilidad de los Administradores por las deudas sociales durante el Estado de Alarma. 

¡Seguiremos informando!

 

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