14 jul

El TC declara INCONSTITUCIONAL el pago fraccionado del IS

Pilar Segura | Cumplimiento Legal y Fiscal, Departamento Fiscal, Servicios Corporativos

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la modificación de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades (IS) que estableció el Gobierno en 2016. Lo anunciaba en una nota de prensa el pasado 1 de julio y lo corroboraba después en la STC del 7 de julio.

Esta medida, que se introdujo vía Real Decreto-ley (2/2016 del 30 de septiembre de 2016), establecía un pago fraccionado mínimo del 23% sobre el resultado contable de las grandes empresas (empresas con facturación superior a 10 millones de euros) sin tener en consideración otros ajustes extracontables.

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En el auto en el que se planteaba la cuestión de inconstitucionalidad de 14 de diciembre de 2018, el órgano judicial proponente, tras precisar los antecedentes de hecho, excluía de dudas de constitucionalidad la infracción de los límites formales del decreto-ley, así como la vulneración de los principios de seguridad jurídica y retroactividad (art. 9.3 CE) y de igualdad (art. 14 CE).

Se limitaba a poner el foco pues, y es éste el principal punto que aborda la Sentencia, en la infracción del límite material del Real Decreto-ley (la afectación del deber de contribuir) y a la vulneración del principio de capacidad económica.

En concreto, la vulneración del art. 86.1 CE, ya que el Real Decreto-ley no puede afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, entre los que se encuentra el “deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos” del art. 31.1 CE.

En este sentido, la sentencia razona que el Impuesto sobre Sociedades es uno de los principales Impuestos del sistema tributario español, y por la entidad de la modificación que se introduce en él, se afecta al deber de contribuir de los españoles (podría alterar el sistema tributario español).

Plantea el órgano decisor en la sentencia final que, aunque la obligación de pago a cuenta de un tributo es considerada por el art. 23.1 LGT como independiente o autónoma de la obligación tributaria principal, si se alteran sus elementos esenciales, aunque sea temporalmente, se estaría alterando el deber de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos; además de que su existencia y su justificación dependen directamente de la misma capacidad económica.

Y a esto se añade que (como ocurre en el caso de la sociedad que inició la demanda), este carácter autónomo mencionado no puede justificar la desconexión existente entre la renta considerada prueba de la capacidad económica del sujeto pasivo a efectos de liquidar el IS y la que se toma como base a efectos del cálculo del pago fraccionado; el resultado contable, dando por hecho que el resultado de ejercicios anteriores tiene relación con la capacidad económica real del sujeto en cuestión.

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A estos efectos, como aclaración que permite entender muy bien las alteraciones introducidas por aquella reforma desproporcionada de 2016, cabe resaltar que la empresa demandante se vio obligada a abonar como pagos fraccionados del IS más de € 6M, mientras que sin reforma, dicha cantidad se hubiese limitado a unos € 300.000. Además, la cuota definitiva a ingresar por parte de la empresa no superaba el 10% de lo indebidamente pagado previamente.

De igual manera indicaba la Fiscalía al propio TC que esta medida convertía el pago a cuenta en un instrumento de financiación del estado a tipo de interés 0 a costa de los sujetos pasivos. Y esto no debería ocurrir.

Nuevamente el núcleo de la cuestión viene siendo el abuso del uso de los decretos a la hora de legislar, puesto que en su origen el Real Decreto-ley es únicamente un instrumento que se configura para que el Gobierno atienda a situaciones de extraordinaria y urgente necesidad por medio de la Ley. El principal problema de su uso es que los Gobiernos presentan una sola norma con un contenido muy diverso al que añaden puntos que pueden exceder de la extraordinaria y urgente necesidad, pero el Congreso ha de aprobarlo o rechazarlo en bloque.

Esto supone además una forma encubierta de presión a los grupos parlamentarios para su aprobación, sin que a priori puedan analizarlo punto por punto como se haría con una tramitación urgente de una Ley en Cortes.

Concluyendo, el TC fundamenta la inconstitucionalidad de esta medida en que al ser el IS un pilar básico de nuestro sistema tributario (como lo es el IRPF), un cambio en elementos esenciales del impuesto puede alterar el propio sistema tributario entero. Además, resulta innegable que se producía con esta normativa una infracción del límite material del Real Decreto-ley (la afectación del deber de contribuir) y a la vulneración del principio de capacidad de económica.

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