1 abr

Coronavirus RDL 9-2020 y RDL 10-2020

Bernardo Martínez | Servicios Corporativos

Desde IVC queremos seguir informando de las medidas que este gobierno esta poniendo en práctica debido a esta crisis.  Las presentes notas derivan de las disposiciones aprobadas por el Real Decreto Ley 9/2020 de 27 de marzo y el Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo.

En este sentido, insistimos en que las últimas medidas publicadas por el Ejecutivo tienen por finalidad legislar sobre aspectos generales aplicables a las sociedades en una situación que actualmente está en constante cambio y evolución, por lo que es muy posible que la situación individual de cada empresa deba ser analizada de forma pormenorizada, atendiendo a sus circunstancias particulares.

BOE

En este sentido, os recordamos que nuestro equipo de profesionales está completamente a vuestra disposición para analizar y aclarar cualquier duda que os pueda surgir en relación con la presente información, y especialmente para hacer una valoración particular de vuestro caso en concreto.

Si tenéis Cualquier pregunta en relación con el presente, por favor no dudéis en contactar a nuestro equipo de Client Management (Cristina Hernández (+34) 678 46 43 66 / Gisleno Castro (+34) 670 268 533).

REAL DECRETO-LEY 9/2020, DE 27 DE MARZO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS COMPLEMENTARIAS, EN EL ÁMBITO LABORAL, PARA PALIAR LOS EFECTOS DERIVADOS DEL COVID-19

CAUSAS JUSTIFICATIVAS DE LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO O DE DESPIDO.

La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP) en las que se amparan los ERTE, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido

PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE LA PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA POR DESEMPLEO EN EL MARCO DE ERTES

  • ¿QUIÉN DEBE PRESENTAR LA SOLICITUD COLECTIVA?

El procedimiento de reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo para los empleados afectados por ERTES (FM o ETOP), se iniciará mediante una solicitud colectiva presentada por la empresa ante el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), cumplimentando el modelo proporcionado por esta última.

  • ¿QUÉ INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEBE ACOMPAÑAR LA SOLICITUD COLECTIVA?

La siguiente información se deberá aportar respecto de cada uno de los centros de trabajo afectados:

a) Razón social de la empresa, domicilio, NIF y código de cuenta de cotización a la Seguridad Social al que figuren adscritos los trabajadores.
b) Nombre y apellidos, NIF, teléfono y dirección de correo electrónico del representante legal de la empresa.
c) Número de expediente asignado por la autoridad laboral.
d) Especificación de las medidas a adoptar, así como de la fecha de inicio en que cada una de las personas trabajadoras va a quedar afectada por las mismas.
e) Supuesto de reducción de la jornada: porcentaje de disminución temporal, computada sobre la base diaria, semanal, mensual o anual.
f) Declaración responsable en la que habrá de constar que se ha obtenido la autorización de la representación de las personas trabajadoras para su presentación.
g) Información complementaria que, en su caso, se determine por resolución de la Dirección General del SEPE.
  • ¿CUÁL ES EL PLAZO PARA REMITIR LA SOLICITUD?

5 días desde la solicitud del ERTE por causas de FM, o desde la fecha en que la empresa notifique a la autoridad laboral competente su decisión en el caso del ERTE por causas ETOP. La comunicación se remitirá a través de medios electrónicos y en la forma que se determine por el SEPE.

Si la solicitud se hubiera producido con anterioridad al 28 de marzo de 2020, el plazo de 5 días empezará a computarse desde esta fecha.

La no transmisión de la comunicación regulada en los apartados anteriores se considerará conducta constitutiva de la infracción grave en materia de Seguridad Social.

  • ¿QUÉ EFECTOS TIENE UN ERTE SOBRE LA DURACIÓN MÁXIMA DE LOS CONTRATOS TEMPORALES?

La suspensión por un ERTE de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, ya sea por causas de fuerza mayor o ETOP, supondrá la interrupción del cómputo de su duración y de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido respecto de las personas trabajadoras afectadas.

  • ¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE LOS ERTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR?

La duración no podrá extenderse más allá del periodo en que se mantenga el estado de alarma decretado con motivo del COVID-19 y sus posibles prórrogas. Esto resultará de aplicación tanto en aquellos expedientes respecto de los cuales recaiga resolución expresa como a los que sean resueltos por silencio administrativo.

  • ¿CUÁL ES EL RÉGIMEN SANCIONADOR DERIVADO DE ESTAS MEDIDAS?

Podrán dar lugar a sanciones:

  • Las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados
  • Solicitud de medidas por la empresa en relación al empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, siempre que den lugar a la generación o percepción de prestaciones indebidas.

El reconocimiento indebido de prestaciones a la persona trabajadora por causa no imputable a la misma, como consecuencia de alguno de los incumplimientos antes mencionados, dará lugar a la revisión de oficio del acto de reconocimiento de dichas prestaciones. En tales supuestos, y sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda, la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por la persona trabajadora, deduciéndolas de los salarios dejados de percibir que hubieran correspondido, con el límite de la suma de tales salarios.

Esta obligación de devolver las prestaciones (considerada sanción accesoria a efectos de la LISOS), será exigible hasta la prescripción de las infracciones referidas en la LISOS que resulten aplicables, de conformidad con las reglas específicas y de vigencia expresa previstos en este real-decreto ley.

  • ¿CUÁL ES LA FECHA DE EFECTOS DE LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO?

La fecha de efectos de la situación legal de desempleo será:

  • En los supuestos de fuerza mayor, será la fecha del hecho causante de la misma.
  • En los supuestos de causas ETOP, será, en todo caso, coincidente o posterior a la fecha en que la empresa comunique a la autoridad laboral la decisión adoptada.

La causa y fecha de efectos de la situación legal de desempleo deberán figurar, en todo caso, en el certificado de empresa, que se considerará documento válido para su acreditación.

REAL DECRETO-LEY 10/2020, DE 29 DE MARZO, POR EL QUE SE REGULA UN PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA AJENA QUE NO PRESTEN SERVICIOS ESENCIALES, CON EL FIN DE REDUCIR LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19

¿A QUÉ PERSONAS APLICA ESTE RDL?

A todos los empleados que presten servicios en el sector público o privado, cuya actividad no haya sido paralizada como consecuencia de la declaración de estado de alarma

¿QUÉ CONDICIONES APLICAN AL PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE?

Las personas trabajadoras a las que afecte esta disposición disfrutarán de un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive.

El permiso conllevará que los empleados conserven el derecho a la retribución que les hubiera correspondido de estar prestando servicios con carácter ordinario, incluyendo salario base y complementos salariales.

¿QUIÉNES QUEDAN EXCEPTUADOS DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN?

  • a) Las personas trabajadoras que presten servicios en los sectores calificados como esenciales en el anexo de este real decreto-ley.
  • b)Las personas trabajadoras que presten servicios en las divisiones o en las líneas de producción cuya actividad se corresponda con los sectores calificados como esenciales.
  • c)Las personas trabajadoras contratadas por: (i) aquellas empresas que hayan solicitado o estén aplicando un ERTE de suspensión y, (ii) aquellas a las que les sea autorizado un ERTE de suspensión durante la vigencia del permiso previsto este real decreto-ley.
  • d) Las personas trabajadoras que se encuentran de baja por incapacidad temporal o cuyo contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas.
  • e) Las personas trabajadoras que puedan seguir desempeñando su actividad con normalidad mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de prestación de servicios.
  • f) Las personas trabajadoras de las empresas adjudicatarias de contratos de obras, servicios y suministros del sector público que sean indispensables para el mantenimiento y seguridad de los edificios y la adecuada prestación de los servicios públicos, incluida la prestación de los mismos de forma no presencial

¿CUÁNDO SE RECUPERAN LAS HORAS?

La recuperación de horas de trabajo se hará desde el día siguiente de la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre y deberá negociarse en un periodo de consultas abierto al efecto entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras, que tendrá una duración máxima de 7 días.

¿CÓMO SE CONSTITUYE LA REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS?

  • MIEMBROS:
  • Si existe representación legal, se negocia con estos.
  • Si no existe representación legal, estará constituida por los sindicatos más representativos del sector (Una persona de c/u de los sindicatos).
  • En caso de no conformarse esta representación, la comisión estará integrada por 3 trabajadores de la empresa elegido conforme al artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores
  • LAPSO:

La comisión representativa deberá estar constituida en el improrrogable plazo de 5 días. Las partes podrán acordar en cualquier momento la sustitución del periodo de consultas por los procedimientos de mediación o arbitraje previstos en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico a los que hace referencia el artículo 83 del de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

  • OBJETO DEL ACUERDO:

El acuerdo que se alcance podrá regular la recuperación de todas o de parte de las horas de trabajo durante el permiso regulado en este apartado, el preaviso mínimo con el que la persona trabajadora debe conocer el día y la hora de la prestación de trabajo resultante, así como el periodo de referencia para la recuperación del tiempo de trabajo no desarrollado.

  • CASO DE NO ALCANZARSE ACUERDO DURANTE EL PERÍODO DE CONSULTAS:

De no alcanzarse acuerdo durante este periodo de consultas, la empresa notificará a las personas trabajadoras y a la comisión representativa, en el plazo de siete días desde la finalización de aquel, la decisión sobre la recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante la aplicación del presente permiso.

  • RESTRICCIONES A LA RECUPERACIÓN DE HORAS.

  • No podrá suponer un incumplimiento de los períodos mínimos de descanso.
  • Ni superación de la jornada máxima anual.
  • Deben ser respetados los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar reconocidos legal y convencionalmente.

  • ACTIVIDAD MÍNIMA INDISPENSABLE

Las empresas que deban aplicar el permiso retribuido recuperable podrán, en caso de ser necesario, establecer el número mínimo de plantilla o los turnos de trabajo estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad indispensable. Esta actividad y este mínimo de plantilla o turnos tendrá como referencia la mantenida en un fin de semana ordinario o en festivos.

EMPRESAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES CALIFICADAS COMO ESENCIALES

1. Las que realicen las actividades que deban continuar desarrollándose al amparo de los artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de la normativa aprobada por la Autoridad Competente y las Autoridades Competentes Delegadas.
2. Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto necesario para la protección de la salud, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta el destino final.
3. Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración que prestan servicios de entrega a domicilio.
4. Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, servicios, tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento sanitario y hospitalario y cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de servicios sanitarios.
5. Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales recogidas en este anexo.
6. Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de aquéllas que deban asegurar el mantenimiento de los medios empleados para ello, al amparo de la normativa aprobada por la autoridad competente y las autoridades competentes delegadas desde la declaración del estado de alarma.
7. Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, salvamento marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de las minas, y de tráfico y seguridad vial. Asimismo, las que trabajan en las empresas de seguridad privada que prestan servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a la población.
8. Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las fuerzas armadas.
9. Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que (i) atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad, y las personas que trabajen en empresas, centros de I+D+I y biotecnológicos vinculados al COVID-19, (ii) los animalarios a ellos asociados, (iii) el mantenimiento de los servicios mínimos de las instalaciones a ellos asociados y las empresas suministradoras de productos necesarios para dicha investigación, y (iv) las personas que trabajan en servicios funerarios y otras actividades conexas.
10. Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales.
11. Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de comunicación o agencias de noticias de titularidad pública y privada, así como en su impresión o distribución.
12. Las de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de inversión, para la prestación de los servicios que sean indispensables, y las actividades propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados financieros.
13. Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o subsectores necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos.
14. Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género.
15. Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, de esta manera, cumplan con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, y las adaptaciones que en su caos puedan acordarse.
16. Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes.
17. Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
18. Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
19. Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y a las entidades públicas de gestión privada subvencionadas por la Secretaría de Estado de Migraciones y que operan en el marco de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria.
20. Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento de agua.
21. Las que sean indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de predicción y observación y los procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control de procesos operativos.
22. Las del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal, con el fin de prestar los servicios de recogida, admisión, transporte, clasificación, distribución y entrega a los exclusivos efectos de garantizar dicho servicio postal universal.
23. Las que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en la importación y suministro de material sanitario, como las empresas de logística, transporte, almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en general, todas aquellas que participan en los corredores sanitarios.
24. Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia.
25. Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales.
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