14 mar

Modificaciones del marco normativo de la Prevención del Blanqueo de Capitales

Miguel Vidal | Cumplimiento Legal y Fiscal

Desde 2015 se han venido produciendo una serie de modificaciones en el ámbito del Derecho de la UE, que están cristalizando ya en transformaciones de enorme calado en el ordenamiento jurídico español.

En 2015 se promulgó la IV Directiva sobre Prevención de Blanqueo (Directiva (UE) 2015/849, de 20 de mayo), que ya introdujo novedades muy importantes y que sirvió para aclarar algunas cuestiones como, por ejemplo, la consideración del delito fiscal como subyacente del delito de blanqueo.

blanqueo de capitales

Actualmente está en proyecto la V Directiva (cuya publicación se prevé en este primer semestre de 2018), que va más encauzada a identificar los mecanismos de control sobre el dinero electrónico (además de reforzar otras medidas ya existentes en la IV Directiva), y al refuerzo de la actuación de los organismos públicos de control. En conjunto, las dos Directivas han dado lugar a que:

  • Se amplíen los sujetos obligados
  • Se prevea la creación de Registros centralizados sobre titularidades reales y titularidades financieras
  • Se regule de forma expresa el control del dinero electrónico
  • Se aclaren los aspectos relevantes a tener en cuenta en los casos de trust anglosajón
  • Se reduzcan los umbrales a partir de los cuales debe considerarse a un titular real (del actual 25% al 10%), con mayor desarrollo del concepto titularidad indirecta, endurecimiento de sanciones y refuerzo de las Unidades de Inteligencia Financiera.

Estas dos Directivas han dado lugar al Anteproyecto de Ley por el que se modifica la LPB (Ley de Blanqueo de Capitales) y RPB (Reglamento de la Ley de Prevención de Blanqueo) para adecuarlas a las previsiones de estas dos directivas, y cuyas principales novedades son las siguientes:

En lo que se refiere a los sujetos obligados:

A los actuales sujetos obligados se añaden los intermediarios de alquileres de inmuebles con renta mensual superior a 10.000 €, los fondos de titulización y las plataformas de financiación participativa (crowdfunding).

En materia de identificación del titular real:

  • Se restringe la excepción de identificación de titular del titular real de sociedades cotizadas. Antes aplicaba a sociedades cotizadas en general. Ahora solo será aplicable a sociedades cotizadas en países cuya normativa en materia de información sea acorde con el Derecho de la UE.
  • Se definen los titulares reales en los casos de trust anglosajón.
  • Se añade la excepción a la obligación de solicitar el consentimiento expreso del afectado en el momento de recabar información sobre titulares reales.
  • Se desarrolla el concepto de “control indirecto” de una sociedad o grupo, a efectos de identificación del titular real.

En lo que se refiere a las medidas de diligencia debida:

  • Se amplía la obligación de no establecer relaciones de negocio, o finalizar las existentes a los casos en que el sujeto obligado se encuentre en situación de imposibilidad de aplicar las diligencias. Y, en los casos en que ya exista relación de negocio, se restringe la operativa con el cliente.

En materia de medidas de control, y en concreto, en lo que se refiere a las denuncias:

  • Se amplía la obligación de los sujetos obligados de desarrollar mecanismos de denuncia interna. Por su parte, se introducen medidas para que el SEPBLAC reciba y canalice las denuncias.
  • Se refuerzo los controles sobre PEPs (Politically Exposed Persons).
  • Se crea un registro de Prestadores de Servicios a Sociedades, para el control de entidades que realicen la actividad de creación de sociedades para terceros, cesiones de domicilio, etc.
  • Se amplía el contenido del Fichero de Titularidades Financieras que ahora incluirá también a los titulares de cajas de seguridad y cuentas de pago.
  • Se aumentan las sanciones: las multas pasan del 5% del patrimonio neto de la entidad incumplidora (actual), al 100% del volumen de su negocio (si es grupo, se calculará sobre la cifra consolidada).
  • Se Refuerza la cooperación entre supervisiones.

Interacción entre la normativa de Prevención de Blanqueo y la de Protección de Datos:

Uno de los problemas que tiene el sujeto obligado a cumplir la normativa sobre prevención de blanqueo es el propio cumplimiento, a su vez, de la normativa sobre protección de datos. Es decir, la aplicación por parte del sujeto obligado, de las medidas de diligencia debida, especialmente en lo que se refiere a la identificación del titular o titulares reales, está en contradicción con la normativa sobre protección de datos.

Una de las formas de vencer estas dificultades por parte del sujeto obligado, es la creación de sistemas y bases de datos por parte de organizaciones colegiales y colectivos profesionales, que tienen más medidos que los sujetos obligados a nivel individual. En este sentido, y para conciliar estas obligaciones con las de protección de datos, el proyecto de Ley añade a la posibilidad de creación de estos sistemas/bases por parte de organizaciones colegiales, la necesidad de que se obtenga con carácter previo a su creación, un dictamen de la Agencia de Protección de Datos. Se regula además el acceso a estas bases de datos comunes. 

Representante ante el SEPBLAC:

Los sujetos obligados que operen en España, aun cuando su central esté en otro país, están obligados a designar en España un Representante ante el SEPBLAC, que sea residente en España.

Obligaciones de comunicación por indicio:

Antes solo afectaba a los sujetos obligados. Con el proyecto de Ley obligará también a empleados, colaboradores y directivos.

Por último, destacar otra medida introducida por las Directivas, aun pendiente de concreción en el ordenamiento español, que es la creación de un Registro Central en los países de la UE, a modo de Registros Mercantiles o Registros de Sociedades donde queden reflejados los datos de los titulares reales.  Es decir, se trataría de ampliar el contenido del Registro Mercantil con el de las titularidades reales, pudiendo acceder a su contenido, tanto autoridades como sujetos obligados y en la forma actual, o lo que es lo mismo, no solo de forma presencial sino también por vía telemática y mediante el pago de una tasa o arancel. Se prevé además a la interconexión de estos Registros a nivel europeo.


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